El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), utilizó para pagar salarios el 48% de los G. 500.000 millones de los bonos, según confirmó el interventor, Carlos Pereira. Los datos se desprenden del análisis de la trazabilidad del dinero que debía ser para obras. Pese a la expresa prohibición del artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, según el interventor, Rodríguez destinó la mayor parte del dinero a gastos corrientes.

Pereira ya había confirmado que la documentación analizada coincidía con los señalamientos que hizo la Contraloría General de la República (CGR) en el dictamen que motivó la intervención con respecto al desvío del dinero.

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El interventor señaló, asimismo, que el resto del dinero habría sido utilizado en distintos objetos de gasto, como servicios no personales, como servicios básicos, limpieza, alquileres y mantenimiento; bienes de consumo e insumo (productos alimenticios), y hasta intereses de la deuda municipal.

Aunque todavía no precisó los porcentajes, Pereira señaló que su equipo de trabajo todavía trabaja en el análisis de la documentación obrante en la Municipalidad, que había sido negada por la administración de Rodríguez a la CGR.

¿Cuánto fue para las obras?

Carlos Pereira, señaló que todavía queda por determinar cuánto del dinero de los bonos fue utilizado efectivamente para las obras para las que fueron emitidos. El interventor de la capital señaló que esta misma semana espera el informe de fiscalización realizado por sus técnicos, a pedido suyo, para determinar cuánto se pagó por esos proyectos y si lo abonado coincide con el avance de los trabajos.

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Rodríguez había comprometido el dinero de los bonos G8, emitidos en 2022 por G. 360.000 millones, para la construcción de desagües pluviales en 8 cuencas de la capital. Sin embargo, cuatro de ellas: Abasto, San Pablo, General Santos- San Antonio, Santo Domingo, fueron iniciadas y ninguna de ellas está concluida.

Las restantes: España II, Terminal, Universidad Católica y Ayala Velázquez, además de no ser iniciadas, pretendieron ser excluidas este año del plan de inversión, por pedido del propio intendente, separado temporalmente del cargo por la intervención. Rodríguez intentó, sin éxito, canjear las 4 cuencas que todavía debe por la de Bartolomé de las Casas.

Cuánto se pagó ya por las obras

Según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las 4 obras ya iniciadas, tienen un costo total aprobado de G. 250.864 millones. De este dinero, según la misma fuente, se habría entregado ya G. 63.912 millones, el 25% del costo total de las obras.

De estos trabajos, los más avanzados son los de la cuenca del Abasto -con un 24,8% según el último certificado disponible en el portal de la DNCP, a febrero de este año- , cuya continuidad está en riesgo, luego de que la contratista iniciara un avenimiento ante la DNCP, por incumplimiento en los pagos por parte de la Municipalidad.

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Según confirmó el director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Jorge Cantero, tras dos audiencias, la contratista, el Consorcio Pluvial Abasto, integrado por Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. (Covipa) y Chaves Construcciones S.A.I y representado por Silvio Manuel Peña, no admitió llevar el proceso a un cuarto intermedio.

El asesor jurídico de la Municipalidad señaló que la Ley 317/94, que regula el proceso de intervención, no otorga facultades al interventor para avanzar en procesos de pagos. “Probablemente van a utilizar los resortes legales que tienen a mano y esperamos su presentación para responder de acuerdo a lo que se presente”, dijo.

La intervención

Carlos Pereira asumió como interventor de la Municipalidad de Asunción el 24 de junio, apartando temporalmente del cargo al intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Su designación es, en principio, por 60 días, que se cumplen este 23 de agosto. Pereira aseguró en varias ocasiones que, para esa fecha ya tendría listo su dictamen, el cual sería remitido al Ministerio del Interior para su posterior estudio en Diputados, con lo que daría por concluido su trabajo.

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La intervención, aprobada por la Cámara de Diputados, había sido solicitada por la Contraloría General de la República (CGR). El órgano contralor confirmó, entre otras cosas, el desvío de G. 500.000 millones de bonos que eran para obras, emitidos bajo la administración de Rodríguez. La maniobra había sido denunciada por ABC y la CGR también derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene una carpeta de investigación abierta.

Rodríguez, además, está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia, en las que la Fiscalía estima un perjuicio de otros G. 1.850 millones.

El interventor, Carlos Pereira, había señalado la semana pasada que a su llegada a la comuna, encontró un activo disponible de apenas G. 46.000 millones para hacer frente a un pasivo de G. 2,3 billones.