El 31 de agosto venció la séptima prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, concedió a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Ante el nuevo incumplimiento en la provisión de 100.000 toneladas métricas de gasoíl, por un valor superior a US$ 61 millones, la estatal firmó la octava adenda el 29 de agosto, con la que de nuevo extiende el plazo contractual hasta el 31 de octubre. Esto pese a que inicialmente informó que la extensión vence el 30 de setiembre.

Para suscribir esta adenda reapareció el representante de la firma catarí, Saad Doukali, quien esta vez dio su conformidad a la estatal en un correo que envió el 28 de agosto último. En el mensaje aseguró que revisarían el escrito, lo firmarían y lo remitirían al gerente de comercio exterior, Ramón Benítez, quien un día antes había solicitado la aprobación de la empresa.

Todo indica que Doukali encenderá la luz verde en nombre de Doha Holding y evitar de esa manera que quedara nuevamente expuesto Julio Jiménez, vicepresidente del club Olimpia, quien ya había fungido de representante legal de la compañía autorizando las prórrogas anteriores.

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Lo cierto es que Benítez, hombre de confianza de Jara, envió el pedido su conformidad a Doha Holding, con copia a Julio Jiménez y a Alejandro Domínguez (sin precisarse si trata del padre o del hijo), entre otros.

Cercanía de Jiménez con los Domínguez

La sede local de la firma catarí fue registrada en el Estudio Jurídico Jiménez Balbiani & Asociados, de propiedad de Julio Jiménez, quien figura como representante legal de la compañía. Documentos a los que accedió este medio muestran que fue el propio Jiménez quien dio su conformidad en nombre de Doha Holding para varias prórrogas.

Jiménez es hermano de Monserrat Jiménez Granda, directora jurídica de la Conmebol y mano derecha de Alejandro Domínguez. Además, en el portal de la DNCP aparece como representante de Doha Holding Alejandro Domínguez Pérez, hijo del presidente de la confederación, junto con Khalifa Hamad Al-Thani y Saad Doukali. En declaraciones a este diario, Jiménez señalaba que solo revisaba los textos de los contratos de Doha y que estaba sujeto a una cláusula de confidencialidad respecto a los servicios prestados. “Solo manejo documentos y nada más”, afirmó en otra ocasión.

Para Petropar, firma catarí demuestra “gestión y predisposición” , pese a que un año después sigue sin entregar gasoil

A un año del contrato con Petropar, el gasoíl sigue sin aparecer

Este 30 de setiembre se cumplirá un año de la firma del contrato con Doha Holding, pero la empresa no entregó hasta hoy un litro de combustible, pese a las ocho adendas que le otorgó la estatal. La petrolera le sigue teniendo fe a la compañía incumplidora, porque mantienen “reuniones virtuales”.

Doha Holding fue contratada por Petropar mediante un procedimiento especial de contratación, que admite la publicación posterior de documentos, con el argumento de que la estatal accedería a gasoíl más barato. Sin embargo, el producto nunca llegó al país. Desde la adjudicación, la petrolera del Estado paraguayo incumplió la normativa: no publicó el pliego de bases y condiciones antes de adjudicar el contrato y la convocatoria apareció en el portal oficial meses después de la firma. Tampoco evaluó la capacidad financiera de la compañía.

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Este mecanismo no autoriza a la estatal a evadir la ley, pero en la práctica lo habría hecho. Las sucesivas prórrogas también violarían la Ley 7021 de Contrataciones Públicas, cuyo artículo 67 permite modificar contratos solo hasta un 20% del monto o del plazo, y únicamente por causas imprevistas que no beneficien al proveedor.

El contrato “urgente” establecía que el producto debía entregarse entre octubre y noviembre de 2024, pero Petropar multiplicó por once ese plazo inicial. Durante casi un año, repitió los mismos argumentos en sus dictámenes para justificar las prórrogas y evitar la rescisión del acuerdo.

Resulta igualmente sospechoso que las autoridades se resistan a terminar el contrato con una empresa que no cumplió y a ejecutar la garantía de fiel cumplimiento, equivalente al 5% del monto total (unos US$ 3,05 millones). Para colmo, la garantía fue presentada solo como declaración jurada —una modalidad permitida únicamente en este tipo de procedimiento—, sin póliza de seguro ni garantía bancaria.