El empresario Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona, presidente y accionista de la firma Finexpar SAECA (actual Zeta Banco), respectivamente, consiguieron el sobreseimiento definitivo del proceso por presunto lavado de activos provenientes del narcotráfico, según lo resuelto este lunes en la causa Pavo Real II por el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal.

El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal antidrogas Andrés Arriola, quien en la audiencia preliminar ratificó el requerimiento conclusivo que había presentado junto a sus colegas Ingrid Cubilla y Elva Cáceres; y solicitó el sobreseimiento definitivo de los banqueros.

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Zubizarreta Zaputovich y Mathias Gaona fueron imputados en agosto de 2024 por supuestamente haber facilitado a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, la adquisición irregular de un establecimiento ubicado en el Departamento de Amambay, que fue utilizado, según la fiscalía, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas, simulando la actividad ganadera.

Sin embargo, en su requerimiento conclusivo el Ministerio Público fundamentó que “la investigación no ha logrado demostrar - con el grado de convicción exigido - que los señores Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Mathías Gaona tuvieran conocimiento efectivo del origen ilícito del inmueble al momento de intervenir en las operaciones cuestionadas.”

Duda sobre participación de banqueros en Pavo Real II

La fiscalía argumentó también que en el presente caso el hecho en concreto existió y también existen fundamentos para sostener la existencia de un hecho punible, haciendo referencia al lavado de activos provenientes del narcotráfico, mediante la compra de inmuebles.

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Al respecto resalta que conforme queda plasmado en la acusación presentada con relación a Alexandre Rodrigues Gomes, las operaciones relativas a la estancia “Negla Poty” sí tienen un trasfondo ilícito; no obstante, afirma que no se ha podido establecer una participación dolosa ni una negligencia grave por parte de los miembros de la firma Finexpar SAECA.

“Ahora bien, aunque no puede hablarse de una certeza negativa en cuanto a la participación de los imputados John Gerald Matthias y Luis María Zubizarreta, sí existe una falta de certeza que impide requerir fundadamente la apertura a juicio y, dadas las diligencias arriba expuestas, más aquellas con las que esta representación fiscal ya contaba al momento de imputar, es de notar que ya no existe una posibilidad razonable de incorporar nuevos elementos”, alegó la fiscalía.

Los agentes del Ministerio Público remarcaron que “se ha agotado todas las vías de investigación posibles y no se vislumbra nuevas líneas que puedan aportar elementos de prueba relevantes. Por tanto, corresponde el sobreseimiento definitivo conforme lo establecido en el inciso 2º del artículo de referencia”, según la parte final de la argumentación.

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Preliminar de Alexandre Rodrigues, a fin de mes

Ante el pedido de las abogadas Amanda Silva y Noelia Núñez, las nuevas defensoras de Alexandre Rodrigues Gomes, el juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado reprogramó para el 26 de noviembre, a las 9:00, la audiencia preliminar para el hijo del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, acusado en la causa “Pavo Real II”.

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

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Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.