Una de las carpetas investigativas abiertas tras la marcha de la Generación Z se centra en denuncias de jóvenes detenidos que no fueron inspeccionados médicamente pese a ser llevados al hospital de Barrio Obrero. La fiscala Sonia Sanguines confirmó que el Ministerio Público ya inició las diligencias correspondientes para determinar posibles excesos policiales y la falta de cumplimiento de procedimientos básicos.

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Según relató, los propios jóvenes afirmaron que solo recibieron un papel cuando llegaron al hospital, sin que se les practicara una revisión profesional. “Una vez que ocurre una aprehensión, es obligación de la Policía Nacional que se realicen las inspecciones médicas”, subrayó Sanguines.

La fiscal detalló que el Ministerio Público se constituyó en la Agrupación Especializada junto con médicos forenses para verificar la situación. Allí, durante la noche y madrugada del día siguiente a la manifestación, se realizaron inspecciones obligatorias. Algunos de los jóvenes presentaban rastros de posibles agresiones.

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El MNP constató que jóvenes detenidos no fueron inspeccionados

La fiscala detalló que la denuncia inicial fue presentada por la comisionada Sonia Von Lepel, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y posteriormente se sumó otra, lo que motivó la ampliación de la investigación.

En ese sentido, señaló que una vez presentada una denuncia penal corresponde iniciar una investigación para determinar si existió un uso excesivo de la fuerza pública. “Existe un tipo penal que se llama lesión corporal en ejercicio de funciones públicas. Ese tipo penal es uno de los denunciados, de que supuestamente algunos de los jóvenes que estuvieron ahí aprehendidos fueron agredidos y maltratados por los efectivos policiales”, explicó.

De acuerdo con la fiscala, este hecho no necesariamente encuadra como tortura, pero sí puede configurarse en otros tipos penales, con sanciones que van de tres a cinco años de pena privativa de libertad. Para avanzar en la causa, será clave acceder a filmaciones, tomar declaración a los detenidos y contar con informes médicos.

“Es mucho el trabajo que se tiene que realizar, no es algo que se tome a la ligera”, advirtió la fiscala, al confirmar que las investigaciones ya están en curso.

Sanguines aclaró que su unidad se encargó específicamente de las diligencias relacionadas con estos hechos, mientras que otros fiscales investigan las conductas atribuidas tanto a los jóvenes como a los agentes policiales durante la marcha.

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