La represa de Itaipú, coloso energético construido en la década del 70 sobre el río Paraná, entre Paraguay y Brasil, vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de sus impresionantes cifras —más de 3.000 millones de dólares en ingresos solo en 2024—, lo que crece hoy no es solo su capacidad de generación, sino el descontento ciudadano ante su opacidad administrativa.

Desde ambas márgenes del río, voces cada vez más fuertes exigen acceso a la información pública que, por derecho constitucional y acuerdos internacionales, debería estar al alcance de todos, señala.

En un artículo, publicado recientemente en el diario brasileño Folha de S.Paulo, el periodista Bruno Morassutti denunció con énfasis la falta de transparencia en la gestión de Itaipú, comparando los obstáculos burocráticos y judiciales tanto del lado brasileño como del paraguayo.

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En Brasil, las decisiones sobre las tarifas eléctricas —que afectan directamente a millones de usuarios en el Sur, Sudeste y Centro-Oeste— se toman sin participación ciudadana ni supervisión efectiva. Las principales instituciones de control, como el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la Contraloría General (CGU) y el Ministerio Público Federal (MPF) han sido sistemáticamente bloqueadas por decisiones judiciales, denuncia. A su vez, la Casa Civil del gobierno federal retiene el avance de una propuesta legislativa para crear un órgano de control sobre la entidad.

Ante esta situación, la organización Fiquem Sabendo presentó una acción civil pública para obtener información sensible, como la nómina salarial de la hidroeléctrica, cuyo contenido ya fue objeto de reportajes debido a los altos sueldos de su cúpula directiva, dijo. Sin embargo, la empresa alega que, por su carácter “sui generis”, no depende de fondos públicos y, por tanto, no estaría obligada a transparentar su gestión.

Argumentan, incluso, que divulgar datos podría afectar las relaciones diplomáticas con Paraguay. Ese mismo razonamiento es replicado al otro lado de la frontera. En Paraguay, directivos de Itaipú se niegan de forma reiterada a proporcionar las actas de los órganos colegiados y el destino de los fondos asignados a proyectos sociales, a pesar de los reiterados pedidos ciudadanos.

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Morassutti recuerda que esta negativa motivó a la Sociedad de Comunicadores del Paraguay, junto con otras organizaciones, a presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

La queja no es menor. La Constitución Nacional paraguaya establece el principio de publicidad de los actos del Estado, y el derecho de acceso a la información ha sido reafirmado por la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo ocurre en Brasil, donde el Supremo Tribunal Federal reconoce el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a buscar y recibir información pública, sostiene.

Expertos coinciden en que el carácter binacional de Itaipú no puede ser excusa para blindar su administración del escrutinio público. Las normas especiales deben equilibrar los intereses de ambos países, pero no pueden anular principios democráticos fundamentales como la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.