La Cámara de Diputados aprobó con cambios primeramente el proyecto de ley “que establece procedimientos y límites para la autorización de descuentos y traba de embargos, sobre salarios y remuneraciones por servicios personales pagados en organismos y entidades del Estado”, el cual mantiene su parte sustancia, que es que no se podrá realizar descuentos o embargo, más del 50% del salario de funcionarios públicos, mensualmente.

La llamada “Mafia de los pagarés” es un esquema delictivo público-privado, integrado por abogados privados, casas de cobro de deuda y funcionarios de Juzgados, que operaba realizando descuentos compulsivos a deudores, llegando incluso estas personas a pagar hasta cuatro veces una misma deuda. Esto era posible porque en diferentes juzgados se ejecutaba el mismo pagaré, con la complicidad delictiva de varios actores.

En muchos de estos casos, los descuentos eran automáticos mediante “convenios” con las instituciones estatales, que llegaban a debitar hasta el 100% del salario a los afectados, sin dejarle siquiera ni una moneda para el sustento diario.

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Uno de los cambios principales es que se agrega un artículo sobre la “prelación” de los cobros, es decir, cómo se hará la priorización de qué deudas serán descontadas y cuales postergadas en el caso de que excedan el límite de 50%.

También se establece como “falta grave”, por ende, causal de despido si alguno de los responsables de las instituciones que aplican el descuento, exceden el límite establecido.

Por otra parte, también se aprobó con modificaciones otro proyecto vinculado: Que “establece el Régimen de depósito de títulos de crédito originales, modifica normas para la sustanciación de juicios ejecutivos promovidos ante los juzgados y tribunales de la República”.

Este, por su parte, establece que los Juzgados retendrán en carácter de “depositario judicial” los pagarés y otros títulos de crédito hasta que culmine el trámite de cobro, y los documentos solo podrán ser devueltos al deudor una vez que cancele su deuda.

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Esto impedirá que el mismo documento pueda ser utilizado para iniciar procesos de cobro en paralelo en diferentes juzgados.

Entre las principales reformas introducidas -con acuerdo de los ministros de Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón- se encuentra el trámite para los “pagarés electrónicos”, para los cuales se requerirá que sean validados mediante firma electrónica certificada.