La Contraloría General de la República presentó el jueves último a consideración del Congreso su informe y dictamen sobre el informe financiero 2024 de las entidades públicas, y durante las verificaciones realizadas por la CGR, se detectaron varias irregularidades en los registros del balance, incluso el contralor Camilo Benítez habló de una “falta de sinceramiento de los activos” en muchos casos.

Uno de los entes en los que se encontraron serios problemas en los registros contables fue el Instituto Nacional de Estadística (INE), para el cual la Contraloría sentenció un dictamen “no razonable”.

Entre las irregularidades encontradas en el Instituto de Estadísticas por ejemplo, que no se realizó la cancelación de la cuenta contable “Servicios Personales” de casi G. 12 mil millones de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2024, la cual no se encontraba cancelada al momento de la auditoría.

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Por otra parte, se detectó que se registró como activo de uso institucional, bienes obsoletos y en desuso por más de G. 4.200 millones que se encuentran para ser dados de baja.

Además, se detectó otra gran cantidad de bienes de uso que fueron dados de baja en el año 2014, pero que llamativamente fueron registrados de en forma tardía en el ejercicio fiscal 2024 por un valor total de G. 800 millones, según se desprende del informe de la Contraloría

Otra de las irregularidades detectadas en la auditoría contables es sobre un grupo de bienes que fueron recibidos en el año 2021 por valor de más de G. 3.000 millones, y que recién fueron incorporados al activo tres años después, en el año 2024. Estos son algunos de los puntos observados por la Contraloría General en en su informe financiero y que fue remitido al Congreso el jueves último.

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Según indicó el contralor Camilo Benítez, el objetivo del dictamen, es avaluar la consistencia de la información financiera y presupuestaria, emitiendo opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros consolidados del sector público.

Señala también que el procedimiento se enmarca dentro de lo que disponen los artículos 282 de la Constitución Nacional, 69 de la Ley Nº 1535/99 y atribuciones conferidas por la Ley Nº 276/94 orgánica de la Contraloría.