
Ueno: escribana ingresó a la ex-Tacumbú para formalizar poder de Miguel Vázquez
Una escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Penitenciaría Nacional de Tacumbú) para formalizar un poder general judicial y administrativo otorgado por el empresario Federico Migue...
Una escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Penitenciaría Nacional de Tacumbú) para formalizar un poder general judicial y administrativo otorgado por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, actualmente recluido en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank.
El documento fue suscrito en representación de la presidencia del Grupo Vázquez SA, pese a las medidas cautelares que pesaban sobre el procesado y las empresas vinculadas a su conglomerado empresarial.
Se trata de la Escritura Pública Nº 232, correspondiente a un Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos, otorgada el 6 de noviembre. El instrumento fue autorizado por la escribana María Teresa López de Aponte.
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Otorgó poder el día que ingresó a la ex-TacumbúVázquez actuó en su carácter de presidente de la firma Grupo Vázquez Sociedad Anónima Emisora y otorgó mandato a seis abogados para que ejerzan la representación de la empresa de manera conjunta, separada o indistinta. La escritura fue formalizada dentro del establecimiento penitenciario, donde el empresario había ingresado ese mismo día por disposición judicial.
El otorgamiento del poder se produjo en un escenario particularmente sensible: el 5 de noviembre, el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, había ordenado la prisión preventiva de Vázquez y dispuesto medidas cautelares sobre sus bienes. Además, el 6 de noviembre, el magistrado amplió las restricciones patrimoniales a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.
Seis abogados recibieron amplias facultades de representaciónLos profesionales designados como apoderados son Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Willians Dante Justiniano, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio. El documento les permite actuar en representación de la sociedad ante distintas instancias judiciales y administrativas.
Entre las atribuciones conferidas figuran promover y contestar demandas, presentar escritos y documentos, desistir de acciones o procesos, allanarse, oponer excepciones, reconvenir, recusar magistrados y participar en juicios orales. También podrán representar a la firma ante jueces, tribunales, dependencias del Ministerio de Justicia y autoridades administrativas.
La escritura contempla, además, facultades para solicitar embargos preventivos o definitivos, inhibiciones y sus respectivos levantamientos, deducir tercerías, intimar desalojos, solicitar declaraciones de quiebra o concurso y someter controversias a arbitraje o amigables componedores.
Promover acciones de inconstitucionalidadOtro aspecto relevante es que los apoderados quedaron facultados para promover acciones y excepciones de inconstitucionalidad, otorgar y firmar instrumentos públicos y privados, realizar intimaciones mediante cartas documento, actas notariales o telegramas y retirar órdenes de pago y cheques judiciales.
La escritura incorpora una cláusula expresa según la cual el mandato no se entenderá revocado por la intervención directa de la parte mandante. Es decir, establece que la actuación personal del representante de la sociedad no implica, por sí sola, la revocación de las facultades concedidas a los abogados.
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Juez bloqueó bienes y cuentas de Miguel Vázquez y empresas vinculadasEl otorgamiento del poder se produjo después de que el juez Rodrigo Estigarribia dispusiera, el 5 de noviembre de 2026, la prisión preventiva del empresario y medidas cautelares sobre su patrimonio, a pedido del Ministerio Público. Entre las disposiciones figuraban la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias y financieras, y la inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Posteriormente, el 6 de noviembre, el magistrado amplió las medidas patrimoniales a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez. La resolución incluyó la inhibición general de vender y gravar bienes y la prohibición de innovar sobre las cuentas bancarias y financieras de esas sociedades, con carácter provisional y sujeto a control judicial de proporcionalidad.
Las firmas alcanzadas por esta ampliación fueron ITTI SAECA, Grupo Vázquez SAE, REDISA, Red Digital de Procesamiento (REDIPRO S.A.), Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio (SATEC S.A.), HD Invest EAS, Technoma SAECA, La Tropa Fletes EAS, Factopar S.A. y Kasas Propiedades SAE.
Las medidas se sumaron a otras restricciones que ya habían sido dispuestas sobre empresas relacionadas con el conglomerado empresarial, entre ellas Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A. Asimismo, la Justicia había ordenado medidas cautelares sobre los bienes y cuentas de los procesados en la causa.
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BCP: pérdida de vigencia de poderes de Ueno BankA las medidas judiciales se suma otro mecanismo de control: el procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la Ley N.º 2334/03, de Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera.
La directora del Registro Unificado Nacional (RUN), Lourdes González, informó que los interventores de Ueno designados por el BCP remitieron una nota a la institución la semana pasada, en la que advirtieron sobre la falta de validez de los poderes generales de la entidad financiera a partir del inicio del procedimiento de resolución.
Según explicó González, los interventores señalaron que, en virtud de la Ley N.º 2334/03, ningún poder vigente o que se otorgue posteriormente tendría validez legal. En la comunicación también solicitaron que los cinco poderes generales que tenía autorizados Ueno Bank permanezcan bajo resguardo en el RUN.
Ueno: solo los interventores pueden actuarLa directora del organismo agregó que, conforme a lo comunicado por los interventores, los únicos habilitados para intervenir en representación de Ueno Bank serían ellos, en el marco del procedimiento dispuesto por el Banco Central.
“En virtud de una ley, creo que es la 2334/2003, a partir que se establece la intervención del banco, ningún poder que esté vigente o que se otorgue de ahí en más tiene validez legal”, mencionó la directora sobre la comunicación que recibió del BCP.
La referencia normativa corresponde al artículo 16 de la Ley N.º 2334/03. Este artículo establece que, a partir de la publicación de la resolución que ordena el inicio del procedimiento de resolución, cesan en sus funciones los directores, auditores internos, administradores, gerentes y apoderados generales de la entidad financiera afectada.
El mismo artículo dispone que quedan sin efecto los poderes y facultades de administración otorgados por la entidad, y prohíbe realizar actos de disposición o administración de sus bienes o valores. También establece que los actos realizados en contravención de estas disposiciones serán nulos de pleno derecho. Asimismo, determinadas anotaciones e inscripciones registrales de actos realizados por las autoridades y representantes de la entidad requieren autorización previa de la Superintendencia de Bancos.
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¿También afecta a otras empresas de Vázquez?En el caso de Ueno Bank, el Directorio del BCP dispuso el inicio del procedimiento de resolución mediante la Resolución N.º 1, Acta N.º 49, del 2 de noviembre de 2026. La medida fue comunicada públicamente por el Banco Central el 3 de noviembre, tras constatar una insuficiencia en el índice de solvencia de la entidad por debajo del 50% del mínimo requerido.
Sin embargo, la disposición legal sobre la pérdida de vigencia de poderes se refiere a la entidad financiera sometida al procedimiento de resolución. No implica automáticamente que los poderes de todas las sociedades vinculadas a sus accionistas o directivos queden anulados.
Por ello, el poder otorgado por Vázquez en representación del Grupo Vázquez S.A. debe analizarse considerando su propia naturaleza jurídica y las medidas judiciales que alcanzan a esa sociedad.
Fiscalía ordenó comunicar movimientos de bienes y poderes al RUNAl control comunicado por los interventores del BCP se suma un requerimiento del Ministerio Público. González reveló que la Fiscalía remitió un oficio al RUN para solicitar información sobre los bienes de 51 personas vinculadas a la investigación, tanto físicas como jurídicas.
El pedido también contempla la comunicación de cualquier gestión o movimiento registral relacionado con las personas individualizadas. De esta manera, cualquier trámite que involucre inmuebles o poderes deberá ser puesto en conocimiento de las autoridades superiores del organismo registral.
La directora explicó que la instrucción establece que los informes expedidos por la institución incorporen una advertencia dirigida a abogados, escribanos y topógrafos, a fin de informarles que las gestiones que impulsen serán comunicadas al Ministerio Público. “Cualquier inmueble o poder que se pretende inscribir o utilizar, los funcionarios del RUN tienen que dar aviso a la gerencia superior y nosotros comunicar a la Fiscalía”, sostuvo González.
La funcionaria agregó que la comunicación fiscal establece un mecanismo de seguimiento sobre las operaciones registrales de las personas y empresas alcanzadas. Así, el organismo debe informar sobre los movimientos que se pretendan realizar, en cumplimiento del requerimiento del Ministerio Público.
RUN identificó más de 800 inmuebles y 160 vehículosEn cuanto al alcance patrimonial de la investigación, González informó que fueron identificados más de 800 inmuebles y más de 160 vehículos registrados en el RUN a nombre de personas y empresas vinculadas al caso Ueno.
No obstante, aclaró que las cifras podrían variar a medida que ingresen nuevas resoluciones judiciales de inhibición. Según indicó, el organismo recibió recientemente entre tres y cuatro nuevas notificaciones de personas alcanzadas por estas restricciones.
La directora no descartó que el número de bienes sujetos a control aumente conforme avancen las investigaciones y se incorporen nuevas personas físicas o jurídicas a las medidas dispuestas por la Justicia.
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Préstamos y operaciones entre empresas vinculadasLas medidas cautelares fueron solicitadas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, en el marco de la investigación por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank S.A.
Según los argumentos expuestos por el Ministerio Público, durante los años 2025 y 2026 la entidad bancaria habría concedido préstamos y sobregiros por montos elevados a sociedades vinculadas o relacionadas, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes.
Los investigadores sostienen que parte de esos recursos habría sido transferida a distintas empresas relacionadas con el Grupo Vázquez para cubrir obligaciones y financiar operaciones diferentes de los destinos declarados. Entre las firmas mencionadas en el requerimiento fiscal se encuentran ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, VINANZAS S.A. y Grupo Vázquez SAE.
Uno de los puntos señalados por la Fiscalía es la supuesta adquisición al contado, por parte de VINANZAS S.A., de una cartera crediticia de Ueno Bank por US$ 74.418.418,12, pese a que la firma no habría contado con fondos propios suficientes. Según la trazabilidad financiera expuesta por los investigadores, el pago se habría integrado indirectamente mediante créditos concedidos por el propio banco a otras empresas.
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El requerimiento fiscal también menciona préstamos por US$ 20 millones a SATEC S.A.; US$ 35 millones y G. 36.900 millones a HD Invest EAS; US$ 10 millones a Technoma SAECA y otros US$ 10 millones a La Tropa Fletes EAS, además de US$ 6.841.000 a Factopar S.A.
