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Fiscal General se pronuncia ante eventual juicio político por el caso Ueno Bank

Ante un eventual juicio político en puerta, el ...

Ante un eventual juicio político en puerta, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón emitió un pronunciamiento de 7 páginas donde revela los procesos de investigación y los dividió en seis puntos importantes. Esto se da ante los cuestionamientos públicos y políticos formulados respecto de la actuación del Ministerio Público en investigaciones penales vinculadas a la crisis financiera de Ueno Bank.

El titular del Ministerio Público indicó que es necesario aclarar estos puntos debido a la complejidad de los hechos investigados, las entidades involucradas, la dimensión patrimonial de las operaciones examinadas y el impacto a nivel nacional y eventualmente a nivel internacional.

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El documento fue expedido ante un escenario inestable para Rolón debido a un eventual juicio político, que a estas horas ya cuenta con las firmas necesarias de los parlamentarios para llevarlo a cabo.

“Los Sobres del Poder”

En un primer punto el documento habla de los llamativos hechos denunciados hace un año en ABC Color, los famosos “Sobres del Poder” revelados por medio de denuncias de Luz Candado quién brindó información clave para dar a conocer irregularidades en torno a la familia presidencial. Esto motivó a abogados e incluso a 8 parlamentarios a denunciar penalmente al expresidente Santiago Peña Palacios, hoy procesado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

“En septiembre de 2025, el Ministerio Público dispuso la apertura de una investigación penal conocida públicamente como “Sobres del Poder” cuya tramitación fue asignada al agente fiscal Jorge Arce”, detalla el escrito.

En este sentido, menciona que la representación fiscal promovió la obtención de información de organismos públicos especializados, entre ellos el Banco Central del Paraguay (BCP), la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Contraloría General de la República (CGR), a efectos de contar con elementos técnicos que permitieran examinar las operaciones, movimientos y antecedentes patrimoniales relacionados con los hechos denunciados.

“Los análisis preliminares remitidos no reportaron indicadores de lavado de activos en los términos examinados, circunstancia que debía ser considerada en la evaluación objetiva de las líneas investigativas”, afirma el documento.

Análisis preliminares no reportaron irregularidad, sostienen

En otra línea, puntualiza que en mayo del 2026, la CGR remitió al Ministerio Público el resultado de dicho examen, comunicando las conclusiones de sus auditores, quienes no identificaron irregularidades en el ámbito patrimonial sometido a verificación.

“En ausencia de nuevos elementos objetivos que permitieran controvertir esa conclusión o sustentar una hipótesis penal distinta, dicho antecedente incidió necesariamente en la valoración de la viabilidad de continuar aquella línea específica de investigación”, expresa el documento.

La Fiscalía General asegura haber realizado los procesos correspondientes, sin embargo, basándose en datos proveídos por la Contraloría General de la República, no consideraron continuar con la investigación debido a la falta de elementos correspondientes.

“Resulta indispensable aclarar que la falta de prosecución de esa línea investigativa no obedeció a desinterés, tolerancia, protección de persona alguna ni inacción deliberada de los órganos fiscales. Respondió al contexto probatorio existente en aquel momento”, manifiesta el escrito.

Por lo que desde la institución aseveran que la actuación del Ministerio Público debe analizarse a partir de los antecedentes que le fueron formalmente comunicados y de los elementos disponibles al momento de adoptar sus decisiones, no mediante una reconstrucción retrospectiva sustentada en informaciones o verificaciones que no integraban entonces el acervo de la investigación.

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Por último, el escrito aclara que la señora Luz Candado fue incorporada recientemente al Programa de Protección a Testigos, habiendo activado los mecanismos institucionales correspondientes. “Por razones de seguridad y confidencialidad, no resulta procedente divulgar detalles de las medidas de protección implementadas”, afirma el mensaje.

Actuación fiscal y oportunidad de intervención en el caso Ueno Bank

En un segundo punto el Ministerio Público abordó la actuación fiscal y la oportunidad de intervención en el caso UENO Bank, para lo cual han detallado cronológicamente las acciones llevadas a cabo en el marco de esta investigación.

Según la institución, la denuncia formal que dio origen a esta investigación fue recibida el martes 3 de noviembre de 2026, en horas de la mañana, para lo cual se dispuso inmediatamente la conformación de un equipo fiscal especializado, bajo la coordinación de una fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

“Como resultado del análisis inicial de los antecedentes y de los elementos de sospecha identificados, ese mismo 3 de noviembre se dispusieron las medidas de detención correspondientes respecto de ocho directivos de la entidad bancaria”, señalan en el documento.

Los 8 directivos investigados e imputados son:

Federico Miguel Vázquez Villasanti (Presidente y CEO / Vicepresidente 1.º)Juan Manuel Gustale Cardoni (Presidente del Directorio)Diana Leticia Mongelós González (Vicepresidenta 2.ª)Julio Daniel Rey Fernández (Director titular / exvicepresidente)Mariana Isabel Torres Rubiani (Directora titular)Alejandro Gómez Abente (Director titular)Diego Fernando Duarte Schussmuller (Director titular)Miguel Ángel Almada Frutos (Síndico titular y director legal del Grupo.Ministerio Público no permaneció pasivo, sino que adoptó medidas inmediatas, sostiene

Que luego, afirma el escrito, tras un análisis de documentos e identificación de vínculos con el caso se dio lugar a que se extendieron las actuaciones a otros diecinueve representantes de empresas relacionadas con las operaciones examinadas. Asimismo, puntualiza que 24 horas después se formularon imputaciones contra veintisiete (27) personas y se solicitaron las medidas cautelares que la representación fiscal consideró pertinentes, incluyendo medidas de carácter patrimonial respecto de los principales involucrados.

En este sentido, asegura que el Ministerio Público no permaneció pasivo sino adoptó medidas inmediatas para lo que exigía las circunstancias del caso.

“La complejidad de los hechos exige rigor técnico, preservación de evidencias y respeto de las garantías procesales, sin perjuicio de la celeridad que corresponde imprimir a las diligencias necesarias para evitar la frustración de los fines del proceso”, sostienen.

Investigación penal relativa al expresidente de la República y a autoridades del BCP

Con relación a la causa penal n.º 92/2026, caratulada “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”, sostienen que el 5 de noviembre de 2026, mediante la Resolución FGE n.º 4474, se dispuso la apertura de nuevas causas penales y la conformación de equipos especializados para investigar denuncias relacionadas con la supervisión y resolución de Ueno Bank, la colocación de fondos públicos en dicha entidad y las actuaciones de autoridades y ex autoridades de organismos estatales.

En ese mismo punto, mencionan que “la causa que involucra al entonces presidente de la República y a autoridades del Banco Central del Paraguay, se conformó un equipo fiscal especializado integrado por cuatro agentes fiscales, con el objeto de examinar las eventuales responsabilidades penales derivadas de las actuaciones denunciadas”, detalla el escrito.

Por su parte, hablan de que en esa misma jornada en la que se lleva a cabo el juicio político (6 de noviembre) al exmandatario también detienen al Carlos Carvallo extitular del Banco Central del Paraguay, para luego, al día siguiente (7 de noviembre), imputar a ambos en el marco de la investigación en el caso UENO Bank

En ese contexto, señalan que no se limitaron solo a esto dos imputados y anuncian que a la fecha del presente comunicado, se informa que las actuaciones alcanzan a treinta y cuatro (34) personas, conforme al estado procesal que deberá individualizarse y actualizarse sobre la base de los registros oficiales de la causa.

Diligencias investigativas, aseguramiento de evidencias y cooperación internacional

En el cuarto punto, del pronunciamiento, afirman que desde el inicio de las actuaciones relacionadas con Ueno Bank, el Ministerio Público ha priorizado la preservación de los elementos probatorios, la identificación de los posibles responsables y el aseguramiento de los bienes que pudieran guardar relación con los hechos investigados.

“A partir de las medidas adoptadas por el Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de resolución de la entidad, se dispusieron mecanismos de custodia y resguardo de las instalaciones, activos, sistemas y documentación, con el objeto de evitar la pérdida, alteración o desaparición de elementos relevantes para la investigación”, dice el manifiesto.

En ese contexto, los equipos fiscales ejecutaron treinta y cinco (35) allanamientos, entre ellos procedimientos realizados en inmuebles y establecimientos vinculados con las personas y empresas investigadas, incluyendo la residencia de Miguel Vázquez, conforme a las respectivas autorizaciones y disposiciones judiciales, señalan.

La investigación se estructuró sobre tres líneas principales de trabajo:

Control procesal y pruebas: Se tomaron medidas para evitar fugas u obstrucciones de los investigados y asegurar documentos y dispositivos electrónicos clave.Incautación de bienes: Se confiscaron 27 vehículos de alta gama, 3 avionetas y 2 embarcaciones, valorados preliminarmente en unos USD 619 millones (cifra sujeta a tasación oficial y distinta al monto final recuperado).Cooperación internacional: Se coordinaron acciones con autoridades de EE. UU., Argentina, Luxemburgo, Brasil, la AIAMP y GAFILAT. Además, en noviembre de 2026, la Fiscalía solicitó una Notificación Plateada de INTERPOL para rastrear y asegurar activos ilícitos en el exterior.Fortalecimiento institucional y capacidades técnicas del Laboratorio Forense

Por otro lado, el Ministerio Público se excusó alegando que la investigación de hechos de naturaleza económica, financiera y patrimonial, particularmente cuando involucra estructuras empresariales complejas y operaciones de alcance internacional, requiere capacidades técnicas especializadas, infraestructura adecuada y equipamiento tecnológico actualizado.

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“El Ministerio Público reconoce que las restricciones presupuestarias acumuladas durante distintos ejercicios fiscales han condicionado el fortalecimiento integral de determinadas dependencias técnicas, entre ellas el Laboratorio Forense”, señala lamentando la falta de recursos presupuestarios para fortalecer las actividades de la institución.

Por lo que, en este punto la institución asegura que estas necesidades no constituyen una circunstancia exclusiva de la actual investigación, sino un desafío estructural que requiere una respuesta sostenida y una asignación presupuestaria acorde con las responsabilidades constitucionales de la institución.

Autonomía institucional, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía

Como punto 6 y último, señala la Autonomía institucional y afirma que su actuación se encuentra sometida exclusivamente al orden constitucional y legal, y que el ejercicio de la acción penal pública debe responder a criterios de objetividad, legalidad, independencia y respeto de las garantías fundamentales.

“Por lo que las actuaciones expuestas demuestran que, ante la recepción de denuncias y la aparición de elementos con relevancia penal, el Ministerio Público dispuso la apertura de investigaciones, conformó equipos especializados, promovió medidas procesales y patrimoniales, ejecutó diligencias y activó mecanismos de cooperación internacional”, precisa la misiva.

En este sentido, afirman que toda evaluación de su gestión debe sustentarse en hechos comprobables, antecedentes documentales y una valoración objetiva de las competencias y actuaciones de cada institución involucrada.

“El compromiso de esta Fiscalía General del Estado es continuar investigando todos los hechos que presenten relevancia penal, cualquiera sea la identidad, posición o función pública o privada de las personas involucradas, con el mismo rigor jurídico, sin privilegios ni excepciones y con el objetivo último de proteger los intereses de la sociedad paraguaya”, finalizó el comunicado.

Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/11/17/fiscal-general-se-pronuncia-ante-eventual-juicio-politico-por-el-caso-ueno-bank/

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