En el informe de la Dirección de Transparencia, plasmado en el Memorándum 107/2020, el entonces director de Transparecia del MEC, José Casañas Levi (+), advirtió sobre el procedimiento irregular por el cual se expidió el título de abogado del cuestionado senador colorado cartista, Hernán Rivas, hoy imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

El informe tiene mesa de entrada de fecha 7 de agosto del 2020, durante la gestión de Eduardo Petta en el MEC. En el informe de la Dirección de Transparencia, Casañas Levi señaló que el equipo auditor que se encargó de investigar el caso del título de abogado denunciado como falso de Rivas, omitió en dos ocasiones un párrafo entero de la Resolución N° 5713/2019, que establece la unificación de trámites de registro y legalización de títulos.

Dicha omisión refiere a una ampliación establecida en un anexo de la Resolución Nº 2424 del 26 de febrero de 2016, lo que hizo que el equipo auditor no valore el incumplimiento de la resolución que establece los requisitos de registros y legalizaciones de títulos. Casañas Levi recordó en el informe que uno de los requisitos establecidos en la resolución del MEC es que los cursos, carreras y programas deben cumplir con todos los requerimientos establecidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

“El Cones, a través de Nota Cones Nº 65/2020, expresó ‘(...) Al respecto, informamos que, al tiempo del pedido del presente informe, la citada carrera de Derecho (sede Luque) no se halla inserta en el Registro Catastral del Consejo Nacional de Educación Superior’. En ningún momento del informe se menciona si los requisitos previos fueron cumplidos o no”, resaltó el director de transparencia.

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Casañas Levi advirtió sobre los gravísimos errores cometidos por el equipo auditor designado para analizar el título de abogado de Rivas y expresó su preocupación ante un criterio asumido para el registro y legalización de títulos, no solamente para el caso particular del senador colorado cartista. También se ratificó en su informe sobre la situación generada con el procedimiento irregular, que trasgrede varias disposiciones legales y reglamentarias.

“Resulta inadmisible pretender que los hechos consumados constituyan cimientos de legalidad para procesos torcidos. No se trata ya de UN caso particular, sino del criterio asumido para proceder al registro de un número desconocido de títulos de grados: y que, a la luz de las conclusiones del equipo auditor, podrá continuar realizándose bajo el supuesto criterio de regularidad”, sentenció.

Además, el entonces director de Transparencia del MEC advirtió que cuando se descubrió el caso de Rivas, el entonces ministro Petta intentó blanquear el caso con la auditoría y el informe realizado por la dependencia. Dicha advertencia fue realizada en una conversación con la periodista de nuestro medio Mabel Rehnfeldt, cuya publicación fue autorizada por la familia del abogado.

María Esther Roa, abogada activista de una organización que lucha contra la corrupción, afirmó que solicitarán la ampliación de la denuncia penal contra el presunto título falso de abogado de Hernán Rivas y presentarán el informe hoy publicado por nuestro medio a la fiscal Patricia Sánchez, quien lleva adelante la investigación por la que fue imputado el senador colorado cartista.

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“Teniendo en cuenta la acusación, el título es falso, ¿por qué solamente una persona debió estar imputada y acusada a esa altura? Una de las explicaciones que dio el grupo de fiscales fue que ya el certificado era de no sé de qué año, del 2010, 2015, el 2018 y que aquello de la prescripción, etcétera, pero creo que este es un elemento probatorio que es digno de investigar”, afirmó.

Criticó al Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, y sostuvo que de ser otra persona quien ocupe el cargo, estaría articulando un allanamiento para buscar este dictamen.

Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, de la Sede 1 y de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, respectivamente pidieron al Juzgado Penal de Garantías la reapertura de causa al senador colorado cartista Hernán Rivas y lo acusaron en relación con su presunto título falso de abogado.

Los hechos son la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

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El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios admitió el pedido de reapertura y el requerimiento conclusivo del Ministerio Público y fijó para las 8:00 del próximo 17 de setiembre la realización de la audiencia preliminar al senador Hernán Rivas.

El 3 de junio de 2020, Hernán Rivas fue elegido como representante de la Cámara de Diputados como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Para lograr la designación y sostener su condición de abogado, Rivas presentó un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo del 2018 y un título del 9 de junio del 2020 emitidos por la Universidad Sudamericana.

En esos papeles se acreditaba que el hoy acusado Hernán Rivas cursó la carrera universitaria de Derecho, entre el 2010 y el 2015; sin embargo, de acuerdo a la acusación fiscal, tanto el certificado de estudios como el título universitario fuero “emitidos de manera formal por la Universidad Sudamericana, lo consignado en ellos no se adecua a la realidad, puesto que no existe ningún documento académico que pueda sostener la veracidad de lo que ambos instrumentos certifican”.

El 6 de julio de 2023, Hernán Rivas fue nuevamente electo como representante ante el JEM, pero esta vez de la Cámara de Senadores. Para acreditar su condición de abogado, volvió a presentar todos los documentos ya citados.

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La primera presentación de la imputación se hizo el 18 de enero de 2024, por la agente fiscal Patricia Sánchez. Esta fue admitida por el juez penal de garantías Miguel Palacios el 15 de febrero de 2024 y fijó como fecha de presentación el 19 de enero, fijando así fecha para requerimiento conclusivo el 19 de julio de 2024.

Sin embargo, esa providencia fue atacada por la defensa de Hernán Rivas y un Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió el 8 de marzo de este año revocarla y por ende, dispuso la devolución del documento a la Fiscalía para su corrección.

El 18 de marzo de 2024 la fiscala Daniela Benítez, ante el hecho de que su colega Patricia Sánchez fue recusada, ratificó la imputación. Esta fue la segunda presentación de la misma.

La defensa de Rivas nuevamente volvió a incidentar contra la admisión de la imputación, y el 21 de junio un Tribunal de Apelación en Penal Segunda Sala de la Capital, José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro, resolvió devolver la imputación a la Fiscalía.