Según informó este lunes a EFE un portavoz de Cristosal, la denuncia fue recibida y presentada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y se pide a su titular, Raquel Caballero, que verifique "las violaciones a las garantías judiciales, el acceso restringido a sus abogados y familiares".

López, también defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 de mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación a su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el período de Gobierno del expresidente izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal en su contra.

La fuente sostiene que "en la denuncia se plantea que, atendiendo a los riesgos físicos y emocionales, se evalúe medidas sustitutivas a la cárcel, que se garantice el acceso oficial y verificable de su familia a información sobre su salud, y que se respete su derecho a un juicio justo y público y su derecho a la defensa".

La abogada enfrentó en junio de 2025 la audiencia inicial del proceso y un juzgado de Paz dictaminó que permaneciera en prisión mientras se desarrolla la etapa de instrucción -investigación- con un período de 6 meses, que concluyó el 4 de diciembre de 2025, por lo que la Fiscalía General solicitó ampliar el plazo 6 meses más.

El proceso penal fue declarado por el tribunal de justicia que conoce el caso bajo reserva total, por lo que no se conocen detalles del mismo y la abogada se encuentra a la espera de la audiencia de instrucción que tendría que haber sido programada en junio pasado.

El portavoz de Cristosal señaló a EFE que aún no se sabe cuándo será programada dicha audiencia.

En 2025, tras la detención de López y del abogado constitucionalista Enrique Anaya -ambos críticos del Gobierno de Nayib Bukele- se registró la salida del país centroamericano de defensores de derechos humanos y ambientalistas, abogados y periodistas por el acoso policial y judicial que enfrentan por ser voces críticas del Ejecutivo, según han denunciado diversas organizaciones humanitarias locales e internacionales.