Este juicio ha sido seguido con atención por producirse en medio de la creciente presión judicial sobre dirigentes opositores, incluido el destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido en marzo de 2025 y procesado en otro caso de corrupción que la oposición considera "fabricado".

La oposición cree que estas causas judiciales y la detención de Imamoglu, uno de los políticos más populares del país, son un intento del presidente, Recep Tayyip Erdogan, de silenciar a la oposición y evitar así su derrota en las urnas.

La condena más elevada este lunes fue para Riza Akpolat, el suspendido alcalde del distrito de Besiktaş, en Estambul, que cuenta con unos 200.000 habitantes. En Turquía existe la figura del alcalde de distrito, además de la figura de regidor metropolitano.

Akpolat fue condenado a 23 años y tres meses de prisión por delitos de soborno, manipulación de licitaciones y blanqueo de capitales, según recoge la agencia DHA.

Oya Tekin, alcaldesa suspendida de Seyhan, un distrito de la ciudad de Adana con unos 800.000 habitantes, fue condenada a ocho años y cuatro meses por soborno.

El alcalde suspendido de Adana, Zeydan Karalar, fue condenado a seis años y tres meses por soborno. Adana, una de las principales ciudades del sur del país, cuenta con unos 2,3 millones de habitantes.

Utku Caner Çaykara, alcalde suspendido del distrito de Avcilar, en Estambul, fue condenado a seis años y ocho meses por soborno.

Kadir Aydar, alcalde suspendido de Ceyhan, una ciudad de unos 160.000 habitantes en la provincia de Adana, recibió cinco años y diez meses por soborno.

Y Ahmet Özer, alcalde destituido de Esenyurt, el distrito más poblado de Estambul, con alrededor de un millón de habitantes, fue condenado a ocho meses y diez días por abuso de poder.

Por su parte, el alcalde de Adiyaman, Abdurrahman Tutdere, fue absuelto y ya fue restituido en su cargo en esa ciudad del centro sur con unos 300.000 habitantes.

Tutdere fue el único de los siete alcaldes procesados que resultó absuelto.

Todos los acusados fueron absueltos del delito de pertenencia a una organización criminal en un proceso que afectó a doscientas personas y se originó por las acusaciones contra el empresario Aziz Ihsan Aktas, señalado como supuesto líder de una red dedicada a obtener contratos mediante sobornos.

Aktas se enfrentaba a una posible condena de hasta 280 años de prisión, pero fue juzgado en libertad tras acogerse a las ventajas que se conceden a los "arrepentidos" que colaboran con la Justicia.

A partir de las declaraciones de Aktas fueron detenidas 47 personas, entre ellas cinco alcaldes opositores que criticaron que las únicas pruebas contra ellos eran las palabras del empresario.

Durante las vistas, los abogados defensores cuestionaron el papel de Aktas y señalaron que el empresario había obtenido contratos de administraciones del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y mantenía relaciones empresariales con miembros de esa formación sin haber sido acusado de actividades delictivas.

La defensa sostuvo que resultaba contradictorio que Aktas pasara a ser considerado líder de una organización criminal precisamente cuando comenzó a trabajar con municipios gobernados por el CHP.