La Cámara de Senadores se reunirá mañana a las 9:00 para tratar el proyecto de ley “Que modifica el artículo 207 de la Ley N° 1.680 ‘Código de la Niñez y Adolescencia’" cuyo texto original planteaba aumentar de 8 a 15 años la pena carcelaria contra adolescentes infractores.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) —autor de la iniciativa—, dictaminó por mayoría aprobar el proyecto con modificaciones no aclaradas. Sin embargo, las comisiones de Legislación y Familia plantean elevar la pena de 8 a 10 años.

La jueza de la Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez, en representación de las oficinas técnicas de apoyo de la Corte Suprema de Justicia esbozó los dictámenes. En el caso de la oficina técnica en Niñez mencionó que si se adoptara penas mas duraderas estarían pasando por alto lo contemplado no solo en las leyes especiales, si no en lo que se establece en la Constitución Nacional y los tratados internacionales aprobados y ratificados por nuestra república. Citó a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y Adolescentes.

“Aumentar la duración de la medida privativa de libertad podría no ser la solución y si la prevención ejerciendo el Estado con los tres poderes, un rol comprometido real y eficaz con el trabajo en conjunto, así también con los ministerios y las demás instituciones con el objetivo de la protección de la sociedad de estos hechos, puesto que la ley especial que a los efectos de la medición de la medida privativa de libertad en los marcos previstos del derecho penal común, el proyecto de ley debe enmarcarse dentro de la Constitución Nacional y los tratados internaciones”, enfatizó.

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También se hizo referencia al dictamen de la Oficina Técnica Penal, que recordó las obligaciones del Estado en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, citó el artículo 3.1, que establece que en todas las medidas concernientes a niños y adolescentes, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial. Asimismo, se mencionó el artículo 37, que dispone que la privación de libertad debe ser utilizada únicamente como último recurso y durante el período más breve que proceda.

Se mencionaron las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como Reglas de Beijing, que establecen que todas las medidas adoptadas respecto a un menor deben ser proporcionales tanto a las circunstancias del adolescente como a la gravedad del delito cometido. Además, las reglas disponen que la privación de libertad debe utilizarse únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible.

“Se procurará reducir al mínimo el uso de penas privativas de libertad y se fomentaran las sanciones alternativas con miras a facilitar la reintegración del adolescente infractor”, señaló y mencionó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los niños no deben ser tratados como adultos y que no se les puede aplicar el mismo régimen sancionatorio.

Las oficinas recomiendan analizar de forma integral el proyecto de ley respecto a los parámetros de convencionalidad, incorporar una cláusula que refuerce el análisis de madurez sicosocial individual como cualquier requisito de pena privativa de libertad, fortalecer programas de justicia restaurativa, medidas alternativas y reinserción sicosocial como exige la Convención de los Derechos del Niño y las reglas de Tokio, entre otros.

El abogado Raúl Bogarín, especialista en Derecho Penal Adolescente y representante de la Defensa Pública, sostuvo que el aumento de penas no es el camino adecuado. Señaló que el Estado debe interpretar cualquier modificación legal con visión de futuro, pensando en las próximas generaciones, y no desde una mirada segmentada de la realidad social actual que motiva este tipo de propuestas. “No corresponde el aumento de las penas ni bajar la edad de imputabilidad”, afirmó.

El viceministro de la Niñez, Eduardo Escobar, afirmó que se llegó a un consenso y que elevar la pena para adolescentes a 10 años equivaldría al máximo permitido dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Agregó que países como Chile y Costa Rica también contemplan penas de hasta 10 años para menores en conflicto con la ley.

Escobar también señaló que, según los datos disponibles, actualmente hay 174 adolescentes condenados en todo el sistema penal. Sin embargo, aclaró que la mayoría de los casos corresponden a delitos considerados bagatelarios —es decir, de menor gravedad—, y que son muy pocos los antecedentes de hechos graves comparables al caso de María Fernanda (17), quien fue asesinada y estaba embarazada.

El senador Zacarías Irún intentó pasar por alto lo señalado en los tratados internacionales y pidió a sus colegas “pisar tierra”. Aseguró que la Convención Interamericana “en ningún lado habla de las penas”. Mientras que en el caso de la Constitución Nacional el artículo 20 habla del objeto de las penas, acerca de la reinserción y de garantizar y proteger a la sociedad.

Reconoció que elevar la pena no es la solución, pero que ellos tienen la potestad de endurecer las penas. Indicó que están desfasados con relación otros países de la región que tienen castigos contra adolescentes infractores entre 10 o mas años.

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El abogado Bogarín respondió al senador y dijo que nuestro país si cuenta con estándares internacionales de cumplimiento obligatorio. Mencionó que la Corte Interamericana sobre Derecho Penal Adolescente en la opinión consultiva 17 y 24 obliga al Estado a aplicar esos estándares interpretativos a través de la Corte y es regional.

Zacarías Irún preguntó al abogado donde podía encontrar lo que mencionó, a lo que el funcionario le explicó que nunca la Corte IDH ni la convención va a poder especificar ni definir de forma taxativa algo que queda como regulación de cada estado.

Tanto la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional como el senador Rafael Filizzola (PDP) pidieron mas tiempo para analizar el proyecto de ley y tener toda la información. También cuestionaron que el proyecto de ley no establezca la gradualidad de la pena.