En el punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores figuraba el proyecto de ley de reforma del transporte público; sin embargo, a fin de realizar un compilado de todas las sugerencias y modificaciones al proyecto de ley propuesto por el gobierno de Santiago Peña, se aprobó la postergación de su tratamiento.

La senadora Esperanza Martínez, quien propuso la postergación, dijo durante la sesión que además de las sugerencias de modificaciones, también existen otras propuestas, como la del senador José Oviedo.

Incluso, ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, se realizó una reunión con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, donde se acordó la postergación.

Las modificaciones al proyecto, que tiene tratamiento de Código, se realizarían e introducirían hasta el viernes, para que tenga tratamiento del pleno el martes en una sesión extraordinaria. La moción fue aprobada.

Choferes posponen huelga, mientras aguardan que Senado postergue tratamiento de la reforma

Según lo que planteó la senadora Esperanza Martínez, uno de los puntos sensibles que aún falta definir de la reforma del transporte público es la disputa de la interpretación del Código del Trabajo, lo que genera un conflicto con los trabajadores del sector que anunciaron una huelga para estos días, pero finalmente postergaron la medida.

Los choferes y la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) coinciden en que el nuevo modelo no garantiza la estabilidad laboral ni los aportes jubilatorios de los conductores, muchos de los cuales rondan los 50 años.

El plan del Gobierno, presentado en julio, prevé concesiones de 15 a 20 años mediante licitación pública y una implementación gradual de cuatro años. Los contratos incluirán la provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios.

El Estado comprará los buses —con un límite de antigüedad de 15 años y prioridad para unidades de bajas o cero emisiones— y los pondrá a disposición de los operadores. También se licitarán patios, terminales y estaciones, así como servicios de gestión tecnológica, fiscalización e inspección técnica.

La operación se reorganizará en troncales, alimentadoras, ramales y circulares, reduciendo de 36 a una decena la cantidad empresas operadoras. El modelo contempla integración tarifaria, fideicomiso administrado por la AFD y financiamiento con billetaje electrónico, más subsidios estatales.

La incógnita sigue siendo el fondo del cual saldrán los recursos iniciales para la compra de al menos 1.000 buses.