Juan Rodrigo Godoy, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte, manifestó que de aprobarse en Cámara de Senadores el proyecto de ley de reforma del sistema de transporte, irán a huelga antes de que se trate en la Cámara de Diputados.

Ante estos cuestionamientos, el líder de la bancada cartista, Natalicio Chase, defendió el proyecto al asegurar que no puede ir en contra del Código Laboral, donde están definidas todas las protecciones que tienen todos los trabajadores. Además, ante el miedo existente en caso de que la empresa se declare en quiebra, o que se le retire el itinerario, o sea suspendida, se prevé que primero se paguen los pasivos laborales, y después se recurren los pagos de otras deudas, señaló.

“Ellos están 100% protegidos por el código laboral y no se puede en esta ley modificar eso. El derecho a la huelga va a estar garantizado en todo momento, por eso se establece como imprescindible y no se establece tope. Eso en el decreto reglamentario el Poder Ejecutivo deberá regular y deberá tener en cuenta las libertades y lo que corresponde a la huelga”, puntualizó.

Entre los reclamos de los trabajadores figuran la garantía de absorción total del plantel de choferes en caso de cambios de operadores, la definición clara del empleador responsable de las obligaciones laborales y el rechazo a que el transporte público metropolitano sea declarado “servicio público imprescindible”, medida que —según las federaciones— busca limitar el derecho a la huelga.

Choferes del transporte público harán huelga si el Senado aprueba la reforma

Cambio en el sistema de inversión

La Cámara de Senadores se reunió en sesión extraordinaria para analizar y aprobar el proyecto de reforma del transporte, que establece innovaciones en el servicio como la provisión de buses e infraestructura por parte del Estado a empresas privadas por medio de concesiones de itinerarios que durarán entre 15 y 20 años, además de la creación de un fideicomiso para financiar el servicio y pagar subsidios, entre otras novedades.

Desde el sector oficialista plantearon cambios al artículo 71, que permitía hacer inversiones financieras al fideicomiso con el objetivo de mantener el valor del dinero a lo largo del tiempo, en caso de que tengan depósitos a corto plazo y que no haya compromisos que pagar.

Chase explicó que le agregaron un párrafo al artículo en específico para que en caso de que no se puedan remitir esos fondos a una sola institución o a una sola empresa bancaria, o a un solo punto de inversión, establecieron normas más rígidas con respecto a las garantías de los fondos reglados por el Banco Central del Paraguay (BCP), además de otras restricciones para que eso sea distribuido a fin de tener una garantía del 100%.

“Podrán hacer las inversiones pero con muchas regulaciones, no directamente eligiendo un solo banco, por ejemplo. Primero, en forma inicial están los cincuenta y algo millones de dólares que va a invertir en el presupuesto del año que viene ya el gobierno central para la implementación de esta ley, pero no sabemos cómo se va a mover el sector privado en este fideicomiso. De acuerdo a eso, puede darse en un año como puede darse en cuatro años o cinco años”, detalló.

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Reforma del transporte público

El Gobierno presentó al Congreso el 24 de julio el plan normativo que “moderniza el sistema de transporte público metropolitano de pasajeros, establece la rectoría sobre el transporte terrestre, y modifica y amplía disposiciones de la Ley N° 1590/2000, que establece concesiones por 15 a 20 años a través de licitación pública.

El proyecto de reforma abarca cuatro componentes, de los cuales la provisión de flota la asumirá el Estado mediante concesiones a empresas proveedoras y que luego pondrá a disposición de los operadores. Las restricciones establecen la compra de buses de no más de 15 años de antigüedad y prioridad de unidades de bajas o cero emisiones.

Además de las concesiones del servicio a empresas privadas, también el Estado tendrá posibilidad de crear una sociedad estatal para operar buses.

Además, se licitarán contratos para infraestructura (patios, terminales, estaciones) y servicios complementarios como gestión tecnológica, fiscalización, inspección técnica y evaluaciones a conductores.

Reforma del transporte público: fondos del fideicomiso podrán ser invertidos

Financiamiento de la reforma del transporte

La operación se organizará en unidades funcionales con troncales, alimentadoras, ramales y circulares, a fin de reducir las actuales 36 líneas de transporte a 10 empresas operadoras, para lo que prevén la integración tarifaria, permitiendo a los usuarios realizar varios viajes con un solo pasaje.

El financiamiento estará a cargo de un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con el billetaje electrónico y subsidios estatales, que centralizará los pagos a los concesionarios y cubrirá los costos que no sean cubiertos por el pasaje.

Aún no está claro de dónde saldrán los recursos iniciales para la compra de al menos 1.000 buses, aunque el Ejecutivo sostiene que a largo plazo el sistema se mantendrá con la tarifa técnica compuesta por el pasaje más el subsidio.

Chase contó que de la inversión de US$ 300 millones estimada, se prevé que el Estado cubra US$ 55 millones en una primera etapa en el presupuesto del 2026.