En conversación con ABC Color este martes, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) lanzó críticas contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que plantea una “reforma” del sistema de transporte público de Asunción y el Área Metropolitana y argumentó que contiene elementos que atentan contra los derechos laborales de los trabajadores del transporte, entre otros cuestionamientos.

La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria hoy para analizar el proyecto de reforma del transporte, que establece innovaciones en el servicio como la provisión de buses e infraestructura por parte del Estado a empresas privadas por medio de concesiones de itinerarios que durarán entre 15 y 20 años, además de la creación de un fideicomiso para financiar el servicio y pagar subsidios, entre otras novedades.

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Un punto de conflicto en el proyecto de ley se relaciona con la duración de las concesiones para el servicio de transporte de pasajeros, que tendría un límite de 15 años, lo que ha causado preocupación en los gremios de conductores de buses que temen quedar desprotegidos en sus derechos laborales y exigen garantías de que los trabajadores o serán absorbidos por la nueva empresa concesionaria cuando ocurra un cambio de operadores.

Además, exigen que el transporte público no sea declarado “servicio imprescindible”, algo que - según argumentan los conductores – busca limitar el derecho a la huelga.

“Herramienta discriminatoria”

La senadora Martínez dijo que el sistema de “evaluaciones” que propone la ley para que los choferes sigan trabajando es una “herramienta discriminatoria” que permitirá a las empresas “hacer arbitrariamente lo que quieran”, en detrimento de los derechos laborales de sus empleados.

Agregó que debe ser modificado el artículo del proyecto que dice que “se podrá” abrir un fideicomiso para pagar indemnizaciones a empleados desvinculados y argumentó que esa terminología establece una posibilidad, no una obligación.

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“Tiene que ser taxativo (...), la ley tiene que ser afirmativa y dar el derecho explícito al trabajador”, dijo.

“Olvídense de la huelga”

Sobre la posibilidad de que el transporte público en el Área Metropolitana sea declarado un servicio imprescindible para prevenir huelgas, la senadora argumentó que el gobierno debería preocuparse por asegurar que el sistema funcione correctamente y que el empresariado respete los derechos de sus trabajadores, con lo que no habría necesidad de preocuparse por eventuales huelgas.

“Un sector hace huelga cuando hay incumplimiento de los deberes de los empresarios, si todo funciona bien olvídense de la huelga”, subrayó.

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La legisladora opositora expresó también preocupación por la posibilidad de que las concesiones de servicios vinculados al transporte puedan ser direccionadas a “sectores ligados al gobierno que pueden influir en las licitaciones”

“El Estado no está en condiciones de evitar los oligopolios, abusos de poder y direccionamientos”, advirtió.

“No se van a preocupar por los municipios más pobres”

Cuestionó además que el Ejecutivo encare el problema del transporte público solo como oportunidades de negocios centradas en Asunción y el Área Metropolitana y no como un servicio que debe ser proveído a la ciudadanía en todo el país.

“Espero equivocarme, pero todos los elementos apuntan a que es una cuestión que podría ser manejada por una institución a nivel nacional se convierte en un negocio de Asunción y el Área Metropolitana porque aquí es donde hay más dinero, no se van a preocupar por los municipios más pobres”, dijo.