La Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular es Marco Aurelio González, confirmó ayer que ya pidieron a los diferentes juzgados laborales el levantamiento de los embargos de bienes de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), que hasta ahora suman G. 27.000 millones.

Estas retenciones de los bienes de la telefónica pública se concretaron tras demandas laborales de sus funcionarios jubilados, que exigen el cobro de un “premio” por los años de servicio que brindaron a la estatal, tras acogerse al retiro, beneficio que está previsto en el contrato colectivo de trabajo.

González señaló que de a poco se están levantando los embargos, pero que son más de 70 las querellas que consiguieron la retención de bienes de la telefónica pública, por lo que están focalizando los pedidos y que buscan levantarlas en el corto plazo. “Se están levantando de a poco los embargos, lo que sucedía era que ni Copaco los apelaba, ni la Procuraduría se presentaba a pedir el levantamiento de embargos, pese a que los bienes del Estado son inembargables”, expresó.

Copaco, Petropar y la INC registraron pérdidas por más de US$ 55 millones

El procurador también explicó que no solamente “dinero en efectivo en cuentas corrientes” se confiscaron, sino también inmuebles e incluso “derechos a cobrar en el futuro”.

Copaco: embargos se viene aplicando por deporte

Cuando se le consultó a González por qué cree que los jueces vienen embargado los bienes de una estatal pese a una prohibición, señaló que “llama la atención que por deporte lo vienen aplicando”. Asimismo, enfatizó que también es llamativo que ni Copaco y ni la PGR hayan intervenido para el levantamiento de estas decisiones.

Al mismo tiempo, enfatizó que estos beneficios del contrato colectivo son inaplicables actualmente en la estatal, ya que registra millonarias pérdidas. “La forma de suprimir ese beneficio sería modificando el convenio colectivo. Entiendo que hay un diálogo abierto, donde hay toma de conciencia de esta situación y se están encaminando la modificación”, expresó.

Copaco continúa con este viejo esquema de “premiar” a los funcionarios que se jubilan, con una compensación por los años de servicio. Este desembolso “obligatorio” se estableció en el artículo 78 del contrato colectivo de trabajo entre la compañía estatal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel).

Copaco destinará US$ 7 millones para cubrir el retiro voluntario de 500 funcionarios

El citado artículo señala que “cuando el trabajador se acoja a la jubilación ordinaria o extraordinaria, Copaco lo compensará con el equivalente al 50% del último salario por cada año de servicio”. Pero ante la falta de recursos, la estatal dejó de pagar este beneficio, desde el 2019, por lo que recibió una lluvia de demandas laborales de los exfuncionarios que se retiraron y que pretenden cobrar el jugoso privilegio.

Es así que en los fueros laborales los jubilados de la estatal lograron embargar los más de G. 27.000 millones de la compañía pública, que se retienen como “garantías” para cumplir con el llamativo “premio” que perciben los empleados de Copaco que se acogen al retiro.

Ex presidente de Copaco quiere G. 543 millones

El propio expresidente de Copaco, Sante Vallese, demandó a la estatal que dirigió hasta agosto del año pasado, para embolsarse un millonario premio de jubilación. La querella fue presentada ante el Juzgado en lo Laboral, para poder cobrar G. 543 millones como compensación de jubilación. En este sentido, Vallese quiere que se le calcule este “premio” sobre su dieta de G. 32,5 millones como presidente de la estatal, por sus 33 años de servicio.