La jueza penal de garatnías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía, procesó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes Batista; a su abogado defensor Óscar Luis Tuma Bogado y a Alcira Celeste Rodriguez Flores, funcionaria de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), en la causa relacionada a transferencias de bienes hechas entre Rodrigues Gomes y Tuma, pese a que el primero no estaba habilitado judicialmente para ello.

Igualmente, providencia mediante, fijó la realización de las audiencias de imposición de medidas para Alcira Rodríguez, el 17 de setiembre; para el abogado Óscar Tuma, el 18 de setiembre; y para Alexandre Rodrigues, el 19 de setiembre. Para el último procesado, la diligencia se hará a través de medios telemáticos desde el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Cambyretã, Itapúa, donde está privado de libertad por el caso Pavo Real PY II.

Alteración en la DGRP permitió las transferencias entre Alexandre y Tuma

Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez, de las unidades especializadas en Crimen Organizado, Delitos Económicos y Delitos Informáticos, respectivamente, habían imputado en julio pasado a Rodrigues, Tuma y Rodríguez, por supuestas irregularidades en relación a transferencias de inmuebles hechas por el procesado en Pavo Real a su defensor.

El Ministerio Público, en ese sentido, atribuye la presunta comisión de los hechos punibles de alteración de datos, acceso indebido a sistemas informáticos y alteración de datos relevantes para la prueba a Alcira Rodríguez; mientras que el de lavado de activos, a Alexandre Rodrirgues y a Óscar Tuma.

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Medida de inhibición contra Alexandre Gomes y alteración

Rodrigues fue detenido en su casa de Pedro Juan Caballero el 19 de agosto de 2024. Ese día, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del AI N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes contra el citado procesado, lo que lo inhabilitaba para disponer libremente de sus bienes.

Tuma asumió como defensor el 20 de agosto. En esa fecha el juzgado ordenó a la DGRP, vía oficio, que se registre la medida cautelar a los imputados. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se procedió a lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.

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Sin embargo, el abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no había quedado firme. Tuma presentó su escrito en forma electrónica a las 0:56 del 21 de agosto, según consta en el registro.

Ese mismo día, pero a las 12:22, la funcionaria ahora imputada Alcira Rodríguez había ingresado al sistema con su código de usuario 107. La mujer realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336.

Esa acción abrió la posibilidad de que la transferencia de los cuatro inmuebles de parte de Alexandre Rodrigues a Óscar Tuma pueda realizarse, pues la notaria, en el marco de sus actuaciones, solicitó un informe a Registros Públicos a modo de conocer si había impedimento legal, pero la respuesta fue negativa.

Presunto lavado atribuido a Óscar Tuma

Para el Ministerio Público, Tuma no podía desconocer el estado procesal de Rodrigues, pues tuvo intervención y acceso desde un inicio a las actuaciones judiciales. Es más, Tuma apeló el AI N° 331 y un Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la medida cautelar.

El Tribunal de Apelación señaló en su AI N° 92 “el principio que rige respecto a las medidas cautelares es que las mismas deben ser cumplidas y cualquier recurso interpuesto no puede tener efecto suspensivo, vale decir, las medidas cautelares se cumplen hasta tanto sean revocadas y no a la inversa”.

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Es ante este contexto que la Fiscalía formuló imputación por presunto lavado de activos porque entiende que Tuma tuvo conocimiento de la situación procesal de su cliente, de que no podía disponer de sus bienes y, por ende, no podía transferir sus inmuebles como dación en pago por los servicios profesionales.

Esto hizo sospechar al Ministerio Público de una conducta de intento de ocultamiento de los bienes a fin de evitar su eventual comiso.