Desde el sector de la construcción persiste la preocupación por el atraso que viene arrastrando el Gobierno en el pago de compromisos, situación que les está perjudicando bastante a muchas empresas.

En una entrevista reciente, el titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) José Luis Héisecke había señalado que la deuda en obras por parte del gobierno además de los intereses, fácilmente estaría llegando a los US$ 200 millones.

Con respecto a los intereses aclaró que se llegó a negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para bajar de US$ 100 millones a US$ 50 millones, pero sujeto a un plazo de pago. “Sin embargo, estamos a siete meses de ese acuerdo y ahora parece que están dudando si hay la deuda y si van a sumar o no los intereses”, indicó indignado el titular de Capaco.

Constructoras en “semáforo amarillo” por deudas del Gobierno y baja ejecución

Para el economista y ex ministro de Hacienda César Barreto, el hecho de que el Estado no reconozca ciertas deudas es un poco preocupante. Esto mencionó sobre la discusión en torno a los intereses por la representación de los proveedores de construcción, que aparentemente el Gobierno, no lo está reconociendo.

El economista explicó que desconocer compromisos expresados en las cláusulas contractuales puede tener su implicancia en la visión del país por parte de las calificadoras.

“Esto me parece que no es correcto. Especialmente para un país que está tratando de sostener un grado de inversión de manera más permanente, uno no puede entrar a desconocer cláusulas contractuales que firma con sus proveedores porque todo tiene implicancia. Es como que no estás cumpliendo algo que te comprometiste a cumplir”, expresó el ex ministro de Hacienda.

Lo que dijo el ministro de Economía sobre deuda de US$ 150 millones que reclaman las constructoras

El economista detalló que el problema para el Gobierno radica en la limitaciones de recursos públicos y en la necesidad de cumplir lo establecido en el plan de convergencia fiscal, lo cual consideró es sumamente importante y prioritario volver al tope del déficit al 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. “Eso tiene consecuencias, nada es gratis, advirtió Barreto en relación a las limitaciones de recursos para invertir y que no será diferente para el PGN 2026.

“Como veníamos invirtiendo montos importantes financiados con deuda, porque el déficit le permitía tomar más deudas para invertir más, pero ahora tiene que volver a invertir a un nivel que es sostenible y compatible con la ley de responsabilidad fiscal”, explicó. También refirió que el Gobierno estaría priorizando gastos como los programas sociales que está llevando más recursos de lo previsto.