
Transporte público: proyecto del Ejecutivo no es una “reforma”, pero sí un “avance”, según senador
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador José Oviedo (Cruzada Nacional) comentó sobre la sesión extraordinaria de la Cámara Alta del Congreso convocada para hoy, en la que se e...
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador José Oviedo (Cruzada Nacional) comentó sobre la sesión extraordinaria de la Cámara Alta del Congreso convocada para hoy, en la que se espera sea analizado el proyecto de “reforma integral” del sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Asunción que presentó el Poder Ejecutivo.
La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria hoy a las 10:10 para analizar el proyecto de reforma del transporte, que establece innovaciones en el servicio como la provisión de buses e infraestructura por parte del Estado a empresas privadas por medio de concesiones de itinerarios que durarán entre 15 y 20 años, además de la creación de un fideicomiso para financiar el servicio y pagar subsidios, entre otras novedades.
El senador Oviedo opinó que el proyecto - que sería aprobado con modificaciones - no puede ser considerado una “reforma” del transporte público, en particular porque solo afecta a Asunción y sus alrededores y no al resto del país.
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Comentó que él propuso un número de modificaciones al proyecto que serán tratadas hoy, aunque dijo dudar que sean aprobadas.
Propone fusionar Dinatran y Viceministerio de TransporteUna de sus propuestas, según dijo, es que el Viceministerio de Transporte – que ganará mayores atribuciones que las que tiene actualmente si se aprueba el proyecto del Ejecutivo – deje de ser dependiente del Ministerio de Obras Públicas y sea fusionado con la Dirección Nacional de Tránsito, que regula el servicio de buses de larga y media distancia, muchos de los cuales también circulan en Asunción y su Área Metropolitana.
Agregó que su proyecto también establece que el Estado sea el encargado de prestar el servicio de transporte, por medio de la creación de una empresa estatal para ese fin, y así dejar de depender de las firmas privadas.
El proyecto del Ejecutivo, si bien no descarta la creación de una empresa estatal, deja el servicio de nuevo en manos del sector privado.
Un “avance”Más allá de esas diferencias entre ambos proyectos, el senador enfatizó que cree que el plan del Ejecutivo es un “avance”, ya que está previsto que incluya el rediseño de itinerarios que en los últimos años se han vuelto obsoletos y se renovará la flota de vehículos, además de separar los servicios de transporte, infraestructura y mantenimiento en concesiones distintas.
Dijo esperar que, eventualmente, esos “avances” lleven a planes más ambiciosos de reforma a nivel nacional y sistemas alternativos de transporte como trenes.
Derechos laborales de choferesUn punto de conflicto en el proyecto de ley del Ejecutivo se relaciona con la duración de las concesiones para el servicio de transporte de pasajeros, que tendría un límite de 15 años, lo que ha causado preocupación en los gremios de conductores de buses que temen quedar desprotegidos en sus derechos laborales.
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Los choferes exigen la inclusión en el proyecto de una garantía de que los trabajadores del volante serán absorbidos por la nueva empresa concesionaria cuando ocurra un cambio de operadores, entre otros reclamos como la exigencia de que el transporte público no sea declarado “servicio imprescindible”, algo que - según argumentan los conductores – busca limitar el derecho a la huelga.
Luego de negociaciones con el gobierno, los choferes pospusieron una huelga que tenían prevista para la semana pasada, aunque advirtieron que la medida de fuerza aún no está levantada de forma definitiva y podría concretarse si sus reclamos no se ven reflejados en el proyecto de ley.
El senador Oviedo dijo que algunas de las modificaciones que se analizarán hoy estarán relacionadas precisamente a los derechos laborales de los choferes, a quienes “se les protege un poco más”.
Argumentó que, si bien la responsabilidad de cumplir con los derechos laborales es primariamente de las empresas, el Estado debe “velar” para que las empresas cumplan con esas obligaciones.