La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (APACFA) emitió un comunicado oficial en respuesta al reciente informe de la Contraloría General de la República sobre irregularidades en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN).

En el documento, la organización sostuvo que los procesos de auditoría forman parte de un esfuerzo necesario y positivo para transparentar la gestión de medicamentos y servicios, así como para fortalecer la atención oncológica.

Falta de registro nacional y planificación deficiente

Uno de los principales desafíos señalados es la ausencia de un Registro Nacional de Pacientes Oncológicos, hecho que dificultó por años la planificación en la provisión de medicamentos y tratamientos.

APACFA celebró que este registro ya se encuentra en etapa final de implementación, y permitirá una mejor toma de decisiones basada en datos reales y actualizados.

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También recordaron que el INCAN, según la Ley 6.266/2018, debe brindar cobertura a todos los pacientes oncológicos, sin importar si provienen del IPS o del sector privado, aunque aclararon que es el Ministerio de Salud quien debe reglamentar y ejecutar ese proceso. Esta reglamentación recién entró en vigencia este año.

Aclaraciones y reconocimiento a la gestión

La asociación explicó además que el INCAN no tiene competencia directa en la compra de medicamentos a través de amparos judiciales, ya que esas adquisiciones corresponden al nivel central del MSPBS. En ese sentido, insistieron en la necesidad de definir claramente los procedimientos para evitar superposiciones administrativas o confusiones.

Desde APACFA valoraron especialmente el trabajo de la Dra. Jabibi Noguera y su equipo, quienes impulsan las correcciones para mejorar el sistema oncológico nacional.

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En su comunicado, los representantes de APACFA instaron a las autoridades a realizar un análisis técnico riguroso sobre los casos de compras de medicamentos con fechas de vencimiento próximas. En ese sentido, propusieron incorporar cláusulas contractuales que permitan el canje de productos vencidos o en mal estado, protegiendo así tanto al Estado como a los pacientes.

Finalmente, reafirmaron su compromiso con la defensa del derecho a la salud y anunciaron que continuarán acompañando con responsabilidad, firmeza y respeto todo proceso que apunte a mejorar el sistema oncológico público.