Julio es un joven enfermero que sufrió un terrible perjuicio laboral y emocional debido a una negligencia o error procesal del Estado. Él fue imputado por dos hechos punibles cometidas por una persona con su mismo nombre. Este hecho le truncó el sueño de acceder al registro habilitante y concursar a un puesto público.

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El joven detalló que, como enfermero, en el año 2019 buscaba acceder al beneficio de la desprecarización y concursar públicamente a un puesto. Entre los requisitos estaba la presentación de antecedentes judiciales y, tras gestionar dicho documento, se encontró con la sorpresa de que tenía antecedentes por microtráfico y homicidio.

“No podía imprimir mi Antecedente Judicial. Después salta que tengo antecedentes. Yo lo tomé como broma, pero me decían que era verídico, que tenía antecedentes”, relató el afectado en ABC.

Recordó que ese caso de homonimia le hizo recorrer varias instituciones, comenzando por el Palacio de Justicia, Ministerio de Salud, Registro Civil, entre otros. Según le habían asesorado en ese entonces, él debía recurrir a un abogado para hacer los trámites pertinentes y hasta abrir un juicio.

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Joven no podía pagar un abogado

Julio aclaró que en ese entonces tenía un cargo administrativo y ganaba unos G. 1.800.000. Su dinero no alcanzaba para gestionar un abogado. “Ganaba muy bajo y era imposible pagar un abogado. Busqué la manera para solucionarlo. Me impidió acceder a un mejor puesto de trabajo, mejor remuneración, estabilidad laboral y el acceso al registro que me habilita como profesional de la salud”, lamentó.

El afectado recordó que le costó conseguir trabajo ante la falta de las documentaciones pertinentes. Tampoco el Estado le ofrecía las garantías de solucionar los problemas de los errores en sus documentos. “Metí mi carpeta a los hospitales y no podía acceder a ningún cargo público por no tener a tiempo mi registro, perdí todas las oportunidades”, detalló el calvario que le tocó vivir.

Tras el grave daño ocasionado, Joel recurrió al Ministerio de Defensa Pública y, como primera instancia, se planteó un habeas data para actualizar y rectificar su antecedente. Se logró comprobar del caso de homonimia.

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Se ordenó la exclusión de los antecedentes judiciales por un plazo de 24 horas y la expedición gratuita de los antecedentes penales a nombre del presentado.

Joven denunció al Estado y ganó

Joel inició con ayuda de la Defensa Pública una demanda por habeas data. Posteriormente por indemnización de responsabilidad extracontractual contra la Procuraduría General de la República.

Julio César lamentó sus sueños truncados por una mera negligencia del Estado. Recordó además que hasta le trataron de criminal por los antecedentes que tenía.

El Estado deberá pagar G. 236.000.000 más los intereses. Según los registros del Ministerio de Defensa Pública, es la primera vez que se logra un fallo de esta naturaleza.