El Poder Ejecutivo sigue concentrando la mayor parte de estos desembolsos, con un promedio cercano al 50% del total nacional. En 2024 destinó G. 92.907 millones a alquileres, cifra que, aunque representa una leve reducción en participación respecto al 52,8% de 2021, continúa evidenciando un patrón de concentración estructural del gasto. Esta persistencia revela la ausencia de una estrategia integral de uso de inmuebles propios o de traslado hacia edificios estatales ya existentes como las oficinas de Gobierno cuya inversión fue de aproximadamente US$ 100 millones, generando aún costos recurrentes en un contexto de restricciones fiscales.

Una de las tendencias más notorias se observa en las entidades financieras oficiales, que elevaron sus gastos en alquileres de G. 13.690 millones en 2021 a G. 21.704 millones en 2024, equivalente al 10,8% del total nacional. El incremento, más allá de reflejar una expansión operativa, también plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo de estas instituciones: la apertura de nuevas oficinas podría justificarse solo si existe un plan de transición hacia inmuebles propios, de lo contrario, los arrendamientos seguirán absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversión productiva o crédito.

Los entes autónomos y autárquicos también aumentaron su peso en el gasto total, del 7,1% al 10%, mientras que las universidades nacionales y las entidades de seguridad social muestran una tendencia similar, con subas en torno al 1,6% y 1,7%, respectivamente, reflejando la expansión institucional del sector público, pero también evidencia una falta de coordinación en materia de infraestructura, donde cada organismo gestiona sus necesidades edilicias de manera aislada, sin un plan conjunto que permita reducir costos o compartir espacios administrativos.

La Contraloría General de la República y el Poder Legislativo, con participaciones marginales del 0,5% y 0,4%, respectivamente, mantuvieron un comportamiento estable, sin variaciones significativas.

Es de mencionar que el Poder Judicial solo cuenta con datos de 2021, cuando se habían destinado G. 45.013 millones.

En conjunto, el análisis revela un patrón claro: el Estado paraguayo sigue destinando montos elevados y sostenidos al pago de alquileres, pese a los discursos recurrentes sobre austeridad y eficiencia del gasto. Si bien los valores nominales no evidencian un crecimiento abrupto (se desconocen las razones de la ausencia de los registros en varias dependencias), su persistencia a lo largo del tiempo pone en cuestión la capacidad del sector público para gestionar de forma estratégica sus recursos inmobiliarios.

En términos económicos, la continuidad de estos desembolsos implica un costo de oportunidad relevante. Cada guaraní destinado al alquiler de oficinas es un guaraní que no se invierte en infraestructura pública, educación o salud cuando el aprovechamiento de inmuebles estatales podría ya representar una fuente de ahorro considerable para las finanzas públicas.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.