El juez de Paz de La Catedral 1° Turno, Gustavo Enmanuel Villalba Báez (31 años); así como su actuario judicial Aarón Itamar Bernabé Valdéz Cáceres (31); los ujieres notificadores Osvaldo Isnfrán Vera (27) y Jorge René Montiel Montiel (56); el oficial de justicia Ronald Iván Navarro Pérez (33) y el abogado Alejandro Valiente Martínez (32), representante de la firma de cobranzas de Credisolución SAECA, fueron acusados por el Ministerio Público en el caso “mafia de los pagarés”.

En este caso los fiscales del caso Jorge Arce y Leonardi Guerrero, atribuyen los hechos punibles de prevaricato (art. 305) y uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252), en ambos casos como autor, según el Código Penal, al juez Gustavo Villalba; al abogado Alejandro Martínez, como instigador del primer ilícito y autor del otro.

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A los ujieres notificadores Osvaldo Insfrán y Jorge Montiel se les sindica la comisión de los hechos punibles de producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autores, y prevaricato, en carácter de cómplices.

Por otra parte, al actuario judicial Aarón Valdez se le atribuye la autoría de la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y el uso de los documentos públicos de contenido falso, así como la complicidad en el hecho de prevaricato. En tanto que, al oficial de justicia Ronald Navarro, se le acusa por la producción inmediata de documentos púlbicos de contenido falso.

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Para la causa que involucra a todos los ellos, los representantes del Ministerio Público, solicitaron que sea elevada a juicio oral y público. En cuanto a la fiscala Belinda Bobadilla, cabe señalar que la misma está recusada en esta carpeta fiscal.

Eligió a juez “amigo” para tramitar expedientes

El 19 de marzo de 2024, el abogado Alejandro Valiente Martínez impulsó, en representación de la casa de cobranzas Credisolución SAECA, un total de 33 demandas. Cada una de ellas, fueron sortedas por el sistema Judisoft y fueron asigandas al Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno de Gustavo Villalba.

Luego, el 17 de junio de ese mismo año, el abogado Alejandro Martínez volvió a presentar más demandas, en esta ocasión 50 expedientes. Los pedidos de preparación de acción ejecutiva se presentaron en físico y el sistema asignó los mismos al Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de la jueza también acusada Carmen Analía Cibils Miñarro.

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Ante esa asignación, el abogado Martínez presentó recusación, sin expresión de causa, por cada uno de los 50 expedientes contra la jueza Analía Cibils. En consecuencia, Cibils dictó providencias entre el 21 y 24 de junio a través de las cuales dispuso la remisión de los casos al Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, sinedo recepcionados ahí entre el 24 y 25 de junio.

El 26 de junio, el magistrado procesado Gustavo Villalba, dictó providencias, teniendo por recepcionados cada uno de los 50 expedientes y posteriormente, dispuso la asignación de los mismos a la Secretaría N° 2 de su juzgado, a cargo del actuario Aarón Valdéz. De esta forma, logró que sus demandas sean tramitadas ante un juez “amigo”.

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Demandas eran impulsadas sin el pagaré

De acuerdo con lo establecido por la norma, luego de que se haya citado al deudor, no es posible realizar la audiencia sin que el título original que se pretende ejecutar sea exhibido al mismo, primero porque ante la ausencia del pagaré, el deudor no puede reconocer su propia firma; y tampoco es posible dar trámite al proceso si el acreedor no acredita la posesión del título cuyo cumplimiento reclama.

En este sentido, la Fiscalía destaca que “en ninguno de los 83 expedientes incautados, el abogado Alejandro Valiente, quien actuó en representación de la firma Credisolución SAECA, presentó los pagarés originales, conforme se explicó, son necesarios para la audiencia de reconocimiento de firmas”.

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Así también, el Ministerio Público expone en su acusación que, tras pedir informe al juez interino del Juzgado de Paz de La Catedral 1° Turno, desde el mismo se expuso que “los pagarés cuya preparación era solicitada o ingresaban para su ejecución, no eran depositados para la audiencia de reconocimiento de firmas”.

Y precisan los fiscales acusadores al respeto, que la “falta de depósito de los pagarés se daba porque justamente el abogado Alejandro Valiente tenía como seguro que los deudores demandados no se presentarían a la audiencia de reconocimiento de firma porque justamente se representaban que las cédulas de notificación, en la realidad, no eran diligenciadas por el ujier Osvaldo Insfrán”.

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Ujieres “onmipresentes”

En total 83 demandas fueron presentadas por el abogado Alejandro Martínez; 33 de ellas el 19 de marzo y las otras 50, que fueron remitidas y recepcionadas el 26 de junio al juzgado de Gustavo Villalba, luego de ser recusada la jueza inicial -Analía Cibils- por el auxiliar de justicia Martínez.

El ujier notificador Osvaldo Insfrán fue el encargado de informar a los demandados en relación al caso en su contra, que obraba en el juzgado. La acusación fiscal resalta que las 33 notificaciones fueron diligenciadas el 30 de julio de 2024 a las 15:00, en Asunción, Lambaré, San Antonio, San Lorenzo, Areguá, Mariano Roque Alonso, Pirayú, Capiatá, Villa Elisa, Limpio, Fernando de la Mora y otras ciudades más.

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La misma conducta se repitió el 29 de agosto de 2024, cuando el ujier Osvaldo Insfrán, diligenció la segunda partida de notificaciones a los deudores, correspondientes a los 50 expedientes. La salvedad en este caso es que en las mismas no constaban el horario de diligenciamiento.

En esta oportunidad, Insfrán estuvo presente en ciudades como: Asunción, San Lorenzo, Luque, Mariano Roque Alonso, Villa Elisa, Ñemby, Capiatá, Itauguá, Guarambaré, Limpio, Benjamín Aceval, Areguá, entre otras más.

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Resoluciones se dictaban en base a informes falsos de ujieres

Así también el escrito fiscal detalla que, en relación al primer grupo de notificaciones, las 33 supuestamente diligenciadas, el abogado Alejandro Valiente, el 29 de agosto pidió al juzgado que hiciera efectivo el apercibimiento y que tuviera por reconocidas las firmas.

Por su parte, el actuario judicial Aarón Valdez, el 5 de setiembre informó al juez Gustavo Villalba, que los deudores fueron debidamente notificados y que no comparecieron. Consecuentemente, Villalba dictó 33 resoluciones judiciales, con números relativamente consecutivos de autos interlocutorios, 9 de setiembre, pese a que conocía la falsedad del informe, según la fiscalía.

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Sobre las 50 demandas, de las cuales supuestamente fueron notificados los deudores, el 5 de setiembre el abogado Alejandro Martínez solicitó que hiciera efectivo el apercibimiento y que se tuviera por reconocidas las firmas de los demandados supuestamente informados del proceso judicial en su contra.

Sin embargo, el actuario Valdéz, entre el 9 y el 13 de setiembre, informó al juez que los deudores fueron efectivamente notificados y que no comparecieron para las diligencias. Posteriormente, el juez Gustavo Villalba Báez dictó 50 resoluciones judiciales, en esas mismas fechas.

También intimaron al pago y embargo

En relación al ujier notificador Jorge Montiel, se tiene datos de que asentó falsamente que el 4 de junio, así como el 16 y 24 de setiembre, el diligenciamiento de notificaciones en un total de 7 expedientes, entre las fechas citadas. Estas por las firmas “ER SA”, “Majuvi SA” y “Contratas SA”.

Sobre el oficial de justicia Ronald Navarro, la Fiscalía señala que en cuatro oportunidades distintas asentó falsamente en actas de intimación de pago y mandamiento de embargo, que se constituyó a la misma hora y misma fecha, ante demandados y domiciliados en Asunción y Lambaré.

De estas cuatro diligencias, dos expedientes estaban relacionados a la firma Negofin Cobranzas SA, que supuestamente se practicaron el 22 de mayo de 2024, a las 9:00 en Asunción y Lambaré ; y en los otros dos, asentó que realizó las intimaciones el 17 de mayo, a las 12:00, en Fernando de la Mora y Asunción.