La huelga de 48 horas anunciada por los choferes de transporte público vuelve a tensar la relación entre sindicatos y Gobierno. Ayer, en una reunión tripartita encabezada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (Futt) y el Viceministerio de Transporte (VMT), dirigido por Emiliano Fernández, no se logró un acuerdo. La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta mañana miércoles a las 11:00, cuando se volverán a sentar las partes.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca contener el conflicto. El viceministro de Trabajo, César Segovia, insistió en que el acatamiento no será tan masivo como señalan los sindicatos. “Hasta ahora no recibimos notificaciones de los sindicatos, solo de algunas centrales obreras. Cada sindicato debe aprobar el paro en asamblea, y eso todavía no ocurrió”, explicó en conferencia de prensa al término del encuentro.

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La controversia legal: ¿ya es o no imprescindible el transporte público?

Uno de los puntos más resaltantes de ayer gira en torno a la imprescindibilidad del servicio de transporte público. Aunque la Ley Nº 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil eliminó esa condición con la derogación ley Nº 1626, que en su artículo 130 establecía que el servicio de transporte de pasajeros es un servicio público imprescindible, Segovia sostuvo que la movilidad está contemplada en la normativa como un servicio esencial.

“Cuando los médicos hacen huelga, la propia ley define que deben garantizar guardias mínimas. Lo mismo ocurrió en 2015 con la DINAC, donde se declaró ilegal la medida de fuerza. La ley establece cuáles son los servicios imprescindibles”, afirmó.

Cuando se le recordó que la nueva normativa del Gobierno eliminó la consideración de transporte público como servicio imprescindible, insistió que la Ley 7445 establece la movilidad como uno de los servicios esenciales. Además, agregó que el artículo 362 del Código Laboral también detalla cuáles son los servicios públicos considerados imprescindibles en caso de huelga.

Los gremios, en cambio, rechazan tajantemente esa postura. “La imprescindibilidad nunca fue así y nunca será, según la Constitución, los convenios internacionales y la propia jurisprudencia. No vamos a aceptar que nos limiten el derecho a huelga”, respondió Juan Godoy, presidente de FUTT.

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Los reclamos sindicales

Además de la disputa sobre la naturaleza del servicio, los sindicatos se mantienen en su postura de ir a huelga contra el proyecto de reforma del transporte, en estudio en la Cámara de Diputados, tras su media sanción en el Senado. Denuncian tres aspectos principales: La declaración del transporte como servicio imprescindible; la división de las concesionarias (operadores proveedores de buses, paradas y terminales), sin claridad sobre la responsabilidad laboral hacia los choferes.

Aseguran que el artículo de absorción de trabajadores que aprobó el Senado, dejaría afuera a quienes no cumplan dos años de antigüedad. “Eso es un crimen”, sentenció Godoy. “No podemos dejar sin trabajo a compañeros que sostienen a sus familias solo porque no llegaron a dos años de servicio”.

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¿Hay o no acatamiento?

El Gobierno minimizó el alcance de la huelga. Segovia aseguró que aún no hay precisión de cuántas líneas se adherirán, ya que el Código Laboral obliga a que cada sindicato comunique su decisión con 72 horas de anticipación.

Los gremios, sin embargo, contradicen esa visión: “El acatamiento está en 70% hasta hoy. Tenemos 11 sindicatos confirmados y más se sumarán en las próximas horas. No tendría sentido convocar a un paro si no hay respaldo de la base”, sostuvo Godoy.

En horas de la tarde de ayer, los choferes se reunieron con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y con el presidente de la Cámara de Diputados, lo que podría abrir la puerta a un acuerdo de última hora.

Segovia también se mostró moderadamente optimista: “Hemos logrado levantar paros en otras ocasiones. Yo diría que hay un 60% de posibilidades de evitar la huelga”.

Más allá del paro en sí, la pulseada pone sobre la mesa un debate estructural: ¿cómo garantizar el derecho ciudadano al transporte sin avasallar el derecho constitucional a la huelga? Mientras el Gobierno intenta reinstalar la tesis de que la movilidad es un servicio imprescindible, los sindicatos consideran que se trata de un intento de limitar su capacidad de presión en un sector clave para la vida urbana.

Si el miércoles no hay acuerdo, los ciudadanos del área metropolitana de Asunción podrían enfrentar una huelga que paralizaría gran parte del sistema, en un momento donde la discusión ya no es solo salarial, sino de modelo y de derechos laborales.