En comunicación con ABC Cardinal este martes, Gerardo Giménez, representante de la Federación de Trabajadores del Transporte, habló del compromiso asumido ayer por el gobierno tras un diálogo con gremios de trabajadores que anunciaron su intención de ir a huelga esta semana como forma de exigir al gobierno que haga modificaciones a algunos artículos del proyecto de ley de reforma del transporte público en Asunción y el Área Metropolitana, que ya tiene media sanción del Congreso Nacional.

Hasta el momento, el gobierno y los trabajadores del transporte no han llegado a un acuerdo y la huelga anunciada para el jueves y viernes próximos aún no ha sido desactivada.

Sin embargo, Giménez comentó que ayer los gremios mantuvieron un extenso diálogo con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, a quien le expusieron sus preocupaciones. Ambas partes acordaron que el gobierno prepararía un borrador de posibles cambios sobre los puntos expresados por los trabajadores, añadió.

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“A partir de ahí vamos a ver si consideramos que se llevó en cuenta nuestra preocupación”, dijo.

Hay una nueva reunión entre representantes de los gremios de trabajadores y del gobierno programada para mañana miércoles a las 11:00.

Los gremios de trabajadores del transporte cuestionan tres artículos específicos del proyecto de ley de reforma que presentó el Poder Ejecutivo al Congreso.

Uno de ellos es el artículo 20, que plantea definir al transporte público como “servicio imprescindible”, algo que desde el punto de vista de los trabajadores podría atentar contra el derecho a la huelga.

También piden cambios al artículo 39, sobre la “absorción” de trabajadores de una empresa de transporte que pierde su concesión por parte de la empresa que la reemplace.

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Según señaló Giménez, en la forma en que está redactado el artículo solo menciona la absorción de los choferes, no así de otros trabajadores dedicados a otros aspectos del transporte público como lo administrativo o mecánico.

“Muchos compañeros pueden quedar en la calle”, advirtió.

Otro punto de discordia es el artículo 45, que establece que los operadores van a pasar a conformar consorcios de empresas que se harán cargo de los diferentes servicios, desde los ramales, hasta las paradas y talleres.

El reclamo de los gremios es que el artículo no establece quien pasará a hacerse cargo de las denuncias laborales de los trabajadores, o de su antigüedad en caso de que las empresas actuales de transporte pasen a ser canceladas por sus propios dueños.