En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), habló de la importancia de que los bancos y otros sujetos obligados en el contexto de la prevención de lavado de activos realicen trabajos de debida diligencia a la hora de operar con personas políticamente expuestas o sus afines.

La entrevista se produjo mientras siguen las repercusiones del escándalo generado por la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga, según se desprende de denuncias realizadas por una exfuncionaria de la residencia presidencial.

ABC Color accedió a audios entregados por Luz Maribel Candado, exempleada doméstica de Mburuvicha Róga, que supuestamente registran conversaciones entre esta y la primera dama, Leticia Ocampo, en las que la esposa del presidente le pide llevar sobres con dinero en efectivo para hacer distintos pagos.

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Candado y dos familiares suyos fueron despedidos luego de que se los responsabilizara sin pruebas de la desaparición de dinero en efectivo de Mburuvicha Róga. Esa supuesta desaparición nunca fue denunciada por la Presidencia ante el Ministerio Público.

Sin hacer referencia directa al caso de Mburuvicha Róga, la exviceministra Pereira señaló que, si bien tener y realizar pagos con dinero en efectivo no tiene nada de malo, el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, si este “no cuadra con las finanzas generales” de una persona, puede ser indicio de delitos como lavado de activos u otros delitos precedentes como enriquecimiento ilícito.

“Uno de los factores que mitiga el riesgo del lavado es la bancarización, tratar de evitar el uso de efectivo”, agregó. “El efectivo es un movimiento de alto riesgo siempre”.

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La exviceministra señaló que una persona es considerada “políticamente expuesta” si ocupa actualmente u ocupó en algún momento durante los últimos dos años cargos políticos relevantes. La distinción incluye también a afines - cónyuges - o parientes consanguíneos cercanos de esos funcionarios.

Las normas y recomendaciones internacionales de prevención de lavado de dinero a las que suscribe Paraguay establecen que los sujetos obligados – bancos, financieras, inmobiliarias, concesionarias de vehículos y otras entidades – que operen con personas políticamente expuestas deben ser sometidas a controles de “diligencia debida” reforzados, con un monitoreo “continuo” a sus finanzas y la presentación de declaraciones juradas, indicó Pereira.