A través de su titular, Rafael Ávila Macke, el organismo manifestó su profunda preocupación ante las denuncias públicas relacionadas con el programa Educación en la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE) del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Desde la institución recordaron que la formación escolar debe desarrollarse sobre el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Los cuestionamientos apuntan a pasajes donde se describe que el líder nazi Adolf Hitler “llegó alto” y las “virtudes” de alemanes vs “defectos” de judíos, además de instrucciones dirigidas a las estudiantes bajo el precepto de “ponte guapa, pero no provocativa”, para exigir respeto.

“Estas denuncias sobre expresiones que reproducirían estereotipos machistas e interpretaciones erróneas sobre los derechos fundamentales de la niñez, ameritan una revisión rigurosa y responsable por parte de las autoridades educativas”, indica un comunicado emitido por la entidad.

En ese sentido, la Defensoría consideró que la cartera educativa debe garantizar una evaluación transparente de los textos, con la participación de profesionales especializados en pedagogía, derechos humanos y niñez. Asimismo, remarcó que el anuncio de correcciones debe traducirse en medidas concretas que prevengan situaciones similares y fortalezcan los mecanismos de aprobación.

“Ningún material debe justificar la violencia”: el contundente mensaje de la Defensoría al MEC

La Defensoría enfatizó la responsabilidad institucional que exige la formación de las nuevas generaciones. “Ningún material educativo debe contribuir a normalizar la discriminación, justificar la violencia o debilitar el reconocimiento de los derechos fundamentales”, sentenció el comunicado firmado por Ávila, reafirmando su compromiso de velar por una educación que forme ciudadanos críticos y respetuosos.

En ese marco, la Defensoría remarcó que las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación no pueden quedar en meras promesas de corrección, exigiendo acciones puntuales:

Evaluación integral e independiente: Convocar a profesionales especializados en pedagogía, derechos humanos y niñez para auditar los contenidos.Mecanismos de control estrictos: Fortalecer los procesos de revisión y aprobación previa para evitar que textos con sesgos o contenidos inapropiados lleguen a las aulas.Garantía de no repetición: Traducir los anuncios de correcciones en medidas concretas que prevengan situaciones similares en el futuro.

Finalmente remarcaron que el desarrollo de la educación en el país debe basarse en principios consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos asumidos por el Estado paraguayo, como los ya citados respeto a la dignidad humana, la igualdad y la protección integral de la infancia.

Antecedentes: la reacción del MEC ante las duras críticas

La postura de la Defensoría del Pueblo se suma a una ola de indignación ciudadana y política desatada tras la filtración de los contenidos del programa Ease. Ante la gravedad de los pasajes revelados, la senadora opositora Esperanza Martínez exigió públicamente al MEC el retiro inmediato de circulación de todos los materiales, al advertir que los textos promueven el machismo, la sumisión femenina y visiones sesgadas sobre derechos fundamentales.

Algunos de los puntos más criticados en los materiales son:

Mención a Adolf Hitler: Se utiliza al dictador nazi como ejemplo de alguien que “llegó alto”, minimizando el contexto de sus crímenes e ideología.Sesgos y comparaciones de colectivos: Párrafos donde se confrontan supuestas “virtudes” de la población alemana frente a “defectos” atribuidos al pueblo judío.Roles de género y afectividad: Enfoques que promueven la sumisión femenina y lecturas contrarias a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, la respuesta de las autoridades educativas ha sido calificada de insuficiente. Este martes, el ministro de Educación, Luis Ramírez, minimizó los cuestionamientos al calificar algunos pasajes como meros “errores de forma” o interpretaciones sacadas de contexto, anunciando únicamente que se realizarán “ajustes” puntuales en las publicaciones, postura que terminó desencadenando la firme reacción del organismo defensor de los derechos humanos.