Hoy se realizó la entrega de una iniciativa popular con cerca de 50.000 firmas que busca criminalizar las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo con la modificación del artículo 135 del Código Penal.

La propuesta del sector plantea introducir: “Art. 135c.- Abuso bajo otras formas. 1° El que elaborara, distribuyera, comercializara, promocionara, difundiera, publicara materiales impresos, digitales, visuales, audiovisuales o realizara actos que pudieran interferir, alterar o dañar la percepción natural del niño acerca de la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica, será castigado con pena privativa de libertad de cuatro a diez años", según indica el documento presentado hoy al Congreso Nacional.

Un grupo que aglutina a casi 50 organizaciones sociales expresó su rechazo contra la propuesta al asegurar que la niñez no se protege con mentiras ni con leyes que restringen derechos, por lo que exigen medidas concretas contra el abuso sexual por parte del Estado.

“El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes lacera nuestra vida como sociedad. Entre 2015 y mayo de 2026, el Ministerio Público registra 34.001 víctimas de abuso sexual, según los datos difundidos por la institución. Esto equivale a un promedio de casi 9 víctimas por día durante el período analizado. Son miles de vidas atravesadas por una violencia atroz que exige respuestas urgentes, sostenidas y efectivas del Estado”, sostienen en un comunicado conjunto.

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Agregan que los datos de la Fiscalía muestran con claridad que el abuso sexual ocurre principalmente en ámbitos y a manos de personas que deberían proteger a la niñez, siendo estos la casa, la escuela, el entorno familiar, vecinos, allegados y conocidos.

Señalan que la protección de niños, niñas y adolescentes requiere prevención, educación, instituciones fortalecidas y mecanismos eficaces para denunciar, investigar y sancionar estos crímenes.

“Por eso, las mujeres, madres y padres, tías y tíos, abuelas y abuelos, hermanas y hermanos, madrinas y padrinos, tutores y tutoras que defendemos una infancia libre de toda forma de violencia manifestamos nuestro rechazo y profunda preocupación ante el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 135 del Código Penal. Lejos de ofrecer respuestas concretas al abuso sexual, esta iniciativa se sostiene en argumentos ideológicos que desvían la atención de las verdaderas necesidades de la niñez y pueden poner en riesgo derechos fundamentales”, afirman.

Cuestionan que el proyecto es impulsado por sectores político-religiosos que pretenden convertir sus creencias particulares en normas obligatorias para toda la sociedad, por lo que repudian que se utilice la vida y el bienestar de niños, niñas y adolescentes como instrumento de disputas ideológicas e intereses electorales, ya que consideran que la protección de la niñez es un asunto demasiado serio para someterlo mediante la desinformación, la manipulación y la fabricación de enemigos.

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“Si nuestras leyes ya sancionan el abuso sexual contra NNA, la pornografía infantil y otras formas de explotación de niños, niñas y adolescentes, ¿por qué todas las familias paraguayas debemos regirnos por la mirada de una corriente religiosa que hoy cuenta con una mayoría coyuntural? Si mañana otra religión o corriente ideológica alcanzara esa mayoría, ¿deberíamos modificar nuestras leyes para ajustarlas a sus preceptos?“, critican.

Piden garantizar libertad religiosa y convivencia de ideologías

Explican que para garantizar que todas las religiones, credos, convicciones e ideologías puedan convivir y participar del debate democrático en condiciones de igualdad, estas organizaciones que firman el comunicado defienden que Paraguay sea un Estado laico y que las políticas públicas y las leyes se construyan sobre la base de los derechos humanos, la evidencia científica y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, no a partir de los dogmas de un sector particular.

Sostienen que el proyecto tampoco define con claridad qué entiende por ideología de género y utiliza conceptos amplios y ambiguos que pueden abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias, por lo que creen que se busca confundir deliberadamente la perspectiva de género, herramienta de análisis utilizada en las ciencias sociales, con supuestas amenazas a la niñez.

También cuestionan que el proyecto de ley tendrá consecuencias sobre la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y de cátedra, por lo que preocupan que este tipo de iniciativas contribuyan a legitimar la persecución y la discriminación contra quienes no responden a los mandatos tradicionales de género y sexualidad.

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“Nos preocupa especialmente que se termine criminalizando la existencia de las personas trans y de la comunidad LGBTIQ+, incluso por estar en la calle, expresar su identidad de género o vivir libremente su sexualidad. Ninguna identidad, expresión de género u orientación sexual constituye, por sí misma, una amenaza para la niñez. La protección de niños, niñas y adolescentes no puede utilizarse como excusa para perseguir, silenciar o excluir a una parte de la población”, refieren.

Cuestionamientos al argumento del proyecto

Las organizaciones cuestionan que se invoquen supuestas posiciones de gremios médicos de Estados Unidos para sostener argumentos que no reflejan adecuadamente sus posturas sobre la educación sexual, considerando que la educación sexual integral, adaptada a la edad y al desarrollo de cada niño, niña y adolescente, es una herramienta fundamental para reconocer situaciones de abuso, identificar conductas inapropiadas, conocer el propio cuerpo, aprender a establecer límites y pedir ayuda.

“¿No será que quienes se oponen a la educación sexual tienen miedo de que un niño, una niña o un adolescente pueda reconocer que está siendo víctima de abuso y se anime a denunciarlo? ¿No será que temen que un estudiante pueda identificar una situación de violencia dentro de su escuela y pedir protección? La educación no provoca el abuso: brinda herramientas para prevenirlo, reconocerlo y enfrentarlo", sentencian.

Agregan que no necesitamos leyes que funcionen como bombas de humo para alimentar el miedo y la confrontación, sino respuestas concretas ante un problema real, con responsables identificables y víctimas que merecen justicia, por lo que las disputas ideológicas no pueden seguir desplazando las políticas públicas que hacen falta para prevenir la violencia y garantizar protección.

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Por eso, exigen las siguientes medidas concretas:

Fortalecer el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni), garantizando recursos humanos, financieros y materiales para la prevención, la atención y la protección integral.Formar y sensibilizar a los agentes del Estado que reciben denuncias, investigan los hechos y acompañan a las víctimas, evitando la revictimización y asegurando respuestas oportunas.Fortalecer los mecanismos de denuncia, investigación y sanción, para que los casos de abuso no queden impunes y las víctimas reciban atención y acompañamiento. Garantizar equipos interdisciplinarios y atención integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como para sus familias y entornos protectores.Implementar políticas sostenidas de prevención y sensibilización en escuelas, comunidades e instituciones, que permitan reconocer las señales de abuso y actuar a tiempo.Garantizar educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, adecuada a la edad y al desarrollo de cada niño, niña y adolescente, lo que incluye sacar de circulación los materiales de Educación en la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE) que difunde desinformación y perpetúa los estereotipos de género, como se ha visto en los extractos que se viralizaron en estos días.Aprobar el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Educación a derogar la Resolución 29.664/2017 junto con su ampliación, que prohíbe el uso de materiales relacionados con la teoría e ideología de género en las instituciones educativas. Proyecto recién aprobado por la Cámara de Diputados.Exigen dejar de utilizar la niñez como instrumento de manipulación

Recuerdan que el abuso sexual contra NNA existe, tiene responsables y requiere acciones urgentes, por lo que no aceptarán que se utilice el dolor de las víctimas para sembrar miedo, promover prejuicios o restringir derechos.

“¡Dejen de utilizar a la niñez como instrumento de manipulación política! ¡Dejen de sembrar miedo y odio! La protección de niños, niñas y adolescentes no se garantiza con discursos moralistas ni con leyes ambiguas, sino con prevención, educación, presupuesto, instituciones fortalecidas y justicia", denuncian.

El comunicado está firmado por las organizaciones:

Callescuela.Feipar.Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas (APIF).Consultorio Jurídico Feminista.Plataforma Feminista Liberal.Kuña Róga.Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP).Centro Paraguayo de Teatro.⁠Maternidades Diversas.⁠SIFACSO.Somos Pytyvohara.JOPÓI Asociación de Audiovisualistas.Aso #PorEllas.Fondo de Mujeres del Sur (FMS).Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay.Decidamos.Escalera Azul.Centro de Documentación y Estudios.Kuña Pyrenda.Casa Diversa.⁠Mesa Nacional Trans.⁠HTMPY.Coalición TLGBI Paraguay.BECA. ASOHEDU.Psicofem.REPAR.Fundación Vencer.Emancipa Paraguay.Kuña Sorora.Nhi-Mu - teatro aéreo.Católicas por el Derecho a Decidir Paraguay.SITRAFACSO-UNA.Unión Nacional de Trabajadores Estatales (UNTE-SN).Central Nacional de Trabajadores (CNT).Equipo Mujer de la OTEP AUTÉNTICA.Cancioneras Paraguayas.Secretaria de Género, Partido Participación. Ciudadana.SERPAJ.CONAMURI- Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas.Red de Mujeres del Sur.Mitakuña Rock Camp Paraguay.Red Feminista de Salud Mental Py.Coordinadora de Mujeres Febreristas.Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY).Comisión de Género del Partido Comunista Paraguayo. Articulación de ollas populares Pykui.Sorora Música.Aireana.

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Por su parte, la organización SOMOSGAY se pronunció al respecto, rechazando la intención de criminalizar las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo, lo cual también violan varios artículos constitucionales, según expresaron.

“Desde nuestras comunidades de cuidado, rechazamos el proyecto impulsado por el pastor Miguel Ortigoza que busca modificar el artículo 135 del Código Penal y tratar como abuso infantil las muestras públicas de afecto entre personas del mismo sexo”, señalan en el comunicado.

Exigen garantizar derechos constitucionales

Desde SOMOSGAY exigen a las autoridades nacionales resguardar la Constitución Nacional y los artículos 24, 25, 26, 42 y 46, que garantizan la libertad religiosa e ideológica, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley.

“Llamamos a nuestras comunidades, familias y aliades (sic) a priorizar el cuidado, combatir la desinformación y la manipulación emocional. Y convocamos a la ciudadanía, a los medios y a los influencers a informar con responsabilidad y promover el pensamiento crítico”, agregaron.

Durante el año 2025, el Ministerio Público registró 3.386 víctimas de abuso sexual, lo que equivale a un promedio de 9 denuncias diarias. En el 87% de los casos, el victimario fue un familiar o una persona conocida; sin embargo, no se hace mención alguna que relacione estos casos con muestras de afecto públicas entre personas del mismo sexo.