Los proyectos que fueron debatidos a profundidad fueron del diputado colorado oficialista Édgar Olmedo “que modifica el artículo 41 de Ley N° 1.286/98 - Código Procesal Penal” sobre las atribuciones de los Tribunales de Sentencia y del diputado cartista Derlis Rodríguez, “que modifica los artículos 236 y 238 de la Ley Nº 1286/98, Código Procesal Penal (proporcionalidad de la privación de libertad y limitaciones, respectivamente).

Diputados sancionan reforma que podría favorecer a corruptos, asesinos y abusadores

En el caso del proyecto de Olmedo, pretende habilitar que un Tribunal unipersonal pueda resolver por ejemplo un pedido de suspensión condicional del procedimiento (evitar ir a juicio) en casos donde las penas son de hasta cinco años de prisión, siendo que hasta ahora solo tienen permitido intervenir cuando la expectativa de pena no es mayor a dos años. Desde 2 hasta 5 años ahora intervienen Tribunales Colegiados (de tres miembros).

La camarista y coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia, Silvana Luraghi, advirtió que con estas modificaciones se podría favorecer a corruptos y ladrones del erario público, ya que la mayoría de los delitos económicos entran en el rango establecido por esta ley. “Entraría en esta modificación, que solo un juez estaría atendiendo y entendiendo en causas de estafa y apropiación que incluso forman parte del fuero especializado de delitos económicos y anticorrupción”, agregó.

Comentó que lo grave de eso, no es solo que “podrían estar siendo atendidas causas de corrupción pública en donde haya sido perjudicado el patrimonio del Estado y donde el caudal probatorio es bastante complejo” para un solo juez, sino también “podría implicar que esta sola persona esté también sujeta a presiones y corrupción”.

La diputada y exfiscala Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) señaló que es muy peligroso “dejar los hechos de corrupción, cohecho, soborno, producción de documentos no auténticos, estafa, lesión de confianza” en manos de un solo magistrado.

Olmedo argumentó que supuestamente su objetivo es agilizar la realización de los casos con hasta cinco años de prisión -que supuestamente son los que colapsan el sistema-, permitiendo que sean tratados por estos tribunales unipersonales, pero Luraghi con datos técnicos refutó el argumento del diputado colorado.

“El mayor hecho punible en Capital y Central que abarrotan y colapsan los juzgados es violencia familiar y ahí sabemos que no entraría, porque es hasta seis años la expectativa de pena”, manifestó Luraghi.

Es decir, no atacaría uno de los problemas centrales y sí podría favorecer a políticos corruptos.

Otra más de Rodríguez

El diputado cartista Derlis Rodríguez ya ha presentado una serie de controvertidos proyectos potencialmente favorables a delincuentes, entre ellos el denominado “de blanqueo exprés” y ahora pretende que todos los hechos punibles, sin discriminación de si son del crimen organizado, abuso sexual o asesinato, tengan medias alternativas obligatoriamente a partir de los dos años, algo que si bien ya está en la ley, se aplica con excepciones en los casos graves.

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Rodríguez en este caso alegó que lo que pretenden es que se aplique la “tobillera electrónica” como regla general y recriminó a la Corte que recién el miércoles ampliaron la autorización a jueces de todo el país para ordenar el uso de estos dispositivos.

Luraghi le aclaró que si no se hizo antes es porque, por una cuestión presupuestaria, el Poder Ejecutivo autorizó primero implementar solo 20 tobilleras como “plan piloto” y luego se amplió a 100, es decir, no fue una decisión unilateral de la Corte.

La diputada Vallejo más bien planteó que en vez de que todos salgan a los dos años, cambiar la ley para que el límite sea la pena mínima, según cada tipo penal.

“A mí no me gustaría verle a un violador que tiene una pena mínima de 20 años recorriendo las calles cerca de su víctima porque nosotros vamos a bajar a dos años la pena máxima (de prisión preventiva). O verle a narcotraficantes, que mata personas todos los días, porque ellos no pueden estar más de dos años (presos)”, manifestó la legisladora opositora.

Aumentar penas a corruptos

En la audiencia realizada en Cámara Baja, el diputado colorado disidente Daniel Centurión (ANR, Fuerza Republicana) también aprovechó para exponer a los representantes de la Corte Suprema de Justicia su proyecto que plantea el aumento de penas para más de una decena de hechos punibles vinculados a la corrupción pública. Prometieron responder por escrito desde el Poder Judicial la iniciativa del legislador colorado.

Centurión comentó que con ayuda del asesor de la Cámara de Diputados, José González Macchi, realizaron los ajustes al marco penal pretendido, a fin de que no se contraponga a la Constitución y efectivamente implique un aumento de penas buscando desalentar la corrupción pública.

Su objetivo es elevar a categoría de crimen hechos punibles como lesión de confianza, exacción, asociación criminal, cohecho Pasivo agravado (coima), prevaricato, enriquecimiento ilícito en la función pública, tráfico de influencias y administración en provecho propio, para los casos en los que esté involucrado un funcionario público.

La coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la Corte Suprema de Justicia Suprema de Justicia, Silvana Luraghi, comentó que habían sido convocados para analizar los otros temas, y que este se les avisó en la víspera, pero se comprometió a procurar junto a su equipo trabajar todo el fin de semana, para remitir por escrito un dictamen antes de su eventual tratamiento en la sesión ordinaria del próximo martes 5 de agosto.

Revisarán el proyecto Rubin

Otro proyecto que en la audiencia pública de ayer no pudo ser debatido a profundidad fue la de “prisión permanente revisable” para aumentar hasta 90 años de pena privativa de libertad para casos especialmente graves. La iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin (independiente), que genera un gran debate sobre todo sobre su posible inconstitucionalidad.

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Si bien el proyectista comenzó diciendo que estaba abierto a escuchar las críticas y sugerencia a su iniciativa, insiste con un discurso de que los que plantean críticas razonables son “prodelincuentes”. “¿Se puede o no se puede aplicar la prisión permanente con revisión en nuestro país? La respuesta es sí y yo creo que todos tienen en claro esto. Los ‘prodelincentes’ no están confundidos, más bien les quieren confundir”, acusó Rubin, diciendo que la “cadena perpetua” es lo que no es factible.

También insistió que se salvaría el “obstáculo” del acuerdo internacional el Pacto de San José implementando la revisión de la condena cada cierto tiempo y quienes dicen que es inconstitucional, “mienten”.

 Reconocidos juristas de todos los sectores han advertido de una eventual violación constitucional, mientras que desde el cartismo aprovecharon una vez más este debate para deslizar la posibilidad de una reforma constitucional, donde de vuelta surge el “fantasma de la reelección”.

Los representantes de la Corte también le prometieron revisar técnicamente, ya que el proyecto figura en el orden del día del martes.