De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el gasto ascendió de G. 43.287 millones en 2003 a G. 508.403 millones y presupuestado para este 2025 un total de G. 610.272 millones (US$ 76,8 millones), lo que equivale a un aumento que supera el 1.000% en poco más de dos décadas.

Este crecimiento ha sido continuo, con variaciones interanuales importantes en varios periodos. Por mencionar, entre 2003 y 2004, el gasto mostró un crecimiento de 21,2% con dinámicas similares en los siguientes años. Sin embargo, entre los años 2011 y 2012 se registraron los saltos más elevados en términos relativos de 44,6% (G. 66.300 millones más) y 36,5% (G. 78.424 millones), respectivamente.

En los siguientes años se observa una desaceleración de los recursos destinados para el pago de salarios hasta el 2018 cuando se registra nuevamente un aumento de 8,6%, es decir, unos G. 30.494 millones adicionales con respecto al 2017, que fue creciendo a menor ritmo hasta el 2023 cuando fue de casi el 10%, unos G. 42.935 millones más de recursos con respecto al año anterior.

Para el año 2024, la ejecución del componente Servicios Personales ascendió a G. 508.403 millones, lo que supuso un incremento interanual de G. 31.705 millones y de G. 465.116 millones si se compara con el 2003. En tanto que esta diferencia se ubica en 20% en 2025 (G. 101.869 millones con respecto al 2024) y aproximadamente G. 566.984 millones (US$ 71,3 millones) más en los últimos 20 años.

Este comportamiento presupuestario genera un debate recurrente sobre la estructura de gasto público en Paraguay y la eficiencia del aparato legislativo. Si bien puede justificarse un crecimiento del presupuesto por aumento de la planta de funcionarios, ajustes salariales por inflación o creación de nuevas dependencias administrativas, lo cierto es que el crecimiento supera ampliamente la evolución de la inflación acumulada del periodo.

Por tanto, este aumento sostenido en los recursos asignados al Congreso Nacional plantea preguntas legítimas en torno a la calidad del gasto público vinculadas a si los incrementos reflejan mejoras proporcionales en la producción legislativa o en la calidad institucional o si existe una correlación entre mayor gasto y mayor eficiencia o transparencia legislativa.

En definitiva, si bien el crecimiento del gasto salarial en el Congreso responde a un patrón general de expansión del gasto público, su magnitud y continuidad merecen ser discutidas a la luz de los principios de eficiencia y responsabilidad fiscal. La transparencia en la asignación y ejecución de estos recursos debería ir acompañada de evaluaciones periódicas de desempeño institucional que permitan a la ciudadanía conocer si el uso de los fondos públicos se traduce en resultados concretos.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.