En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la fiscala Teresa Sosa comentó sobre la imputación por supuesta estafa y declaración falsa que presentó contra un empresario y otras personas acusadas de haber causado un perjuicio patrimonial de más de mil millones de guaraníes al Instituto de Previsión Social (IPS) abusando el sistema de pagos compensatorios por suspensión de contratos laborales que la previsional instaló durante la pandemia de covid-19.

Según la imputación del Ministerio Público, el empresario Julio David Ramírez, quien inscribió en 2017 una empresa del mismo nombre, inscribió a 83 supuestos trabajadores como empleados para solicitar luego la suspensión de sus contratos laborales y lograr que el IPS realice pagos a estas personas durante el periodo de la suspensión en concepto de compensación.

La fiscala Sosa comentó que la denuncia fue hecha por el propio IPS a través de su dirección de Riesgos, en el marco de indagaciones sobre empresas que hicieron llamativas contrataciones durante el periodo de emergencia sanitaria.

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Comentó que la empresa registrada a nombre de Ramírez como productora de alimentos “normalmente se desempeñaba con tres a ocho empleados” desde su inscripción en 2017, pero desde 2020 pasó a tener 84 empleados incluyendo a Ramírez.

“Estas contrataciones e inscripciones ante IPS (Ramírez) las habría realizado para solicitar suspensión de los contratos por covid y que los supuestos empleados reciban los pagos compensatorios por el cese laboral, dijo la fiscal.

Agregó que muchos de los supuestos empleados cobraban mensualmente el dinero retirándolo personalmente en ventanillas del Banco Nacional de Fomento, mientras que a otros se les depositaba el pago directamente en sus cuentas bancarias.

Según el cálculo del IPS y la Fiscalía, el perjuicio al patrimonio de la previsional por estos cobros supuestamente fraudulentos de compensaciones por suspensión de contrato asciende a más de 1.200 millones de guaraníes entre 2020 y 2022.

Entre los supuestos empleados inscritos en la empresa de Ramírez figuran parientes, amigos y compañeros de colegio y facultad de este.

La fiscal Sosa comentó que 21 de las personas investigadas decidieron colaborar con la investigación y reparar el daño patrimonial devolviendo el monto de dinero que cobraron, por lo que el Ministerio Público solicitará la suspensión condicional de sus procesos.