La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) y la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT) confirmaron este martes que ya notificaron al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de la huelga de 48 horas que realizarán los choferes los días 25 y 26 de este mes, porque el Gobierno incumplió los compromisos que asumió en la anterior mesa tripartita, razón por la cual habían suspendido la medida de fuerza.

El presidente de Fetrat, Gerardo Giménez, explicó que la decisión fue tomada en un Congreso Unitario de Trabajadores que se desarrolló en la sede de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), el martes último.

Según señaló, el paro busca exigir la instalación de la mesa de trabajo que prometieron, que se respete el derecho a huelga y se garantice la reabsorción laboral de los choferes en caso de nuevas concesiones.

“Los tres puntos principales —la mesa de trabajo, el derecho a huelga y la reabsorción laboral— no fueron cumplidos. Por eso decidimos realizar esta huelga de dos días”, afirmó Giménez.

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Choferes cuestionan el plan de reforma

Los sindicatos cuestionan además que la reforma del transporte público de pasajeros, con media sanción en el Senado, se está llevando adelante “sin la participación de los actores del sistema”.

Critican que la fragmentación del servicio entre operadoras, proveedores de buses, talleres y predios restaría claridad a los choferes acerca de su empleador y sin seguridad laboral.

Asimismo, Giménez advirtió que declarar al transporte público como “servicio imprescindible” limitaría el derecho constitucional a la huelga y violaría convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También denunció que no existe una cláusula que asegure la absorción de trabajadores, que expone a los choferes a perder derechos adquiridos, antigüedad y aportes al IPS.

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La posición del Gobierno

Consultado sobre la medida, el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, afirmó que “toda huelga afecta directamente a los trabajadores y a la ciudadanía” y que aún no recibieron una notificación oficial del paro, más allá de los anuncios realizados por la prensa.

El funcionario aseguró que existe un plan de contingencia ya coordinado con al menos diez instituciones del Estado, que contempla la provisión de buses alternativos si la huelga se concreta. “No queremos usar el plan de contingencia, pero está afinado para el caso en que la medida se lleve a cabo”.

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Respecto a los reclamos sindicales, Fernández defendió que el proyecto de reforma no elimina derechos laborales ya consagrados en el Código Laboral.

Explicó que en el Senado se introdujo una cláusula que obliga a las nuevas operadoras a incorporar a los choferes que hayan trabajado al menos en los dos últimos años, asegurando continuidad salarial y aportes al IPS.

“El proyecto incluso refuerza la figura de traspaso de trabajadores entre empresas, pero también prevé una evaluación de idoneidad de los conductores, que será reglamentada y supervisada por el Viceministerio, no por las empresas”, precisó.

Fernández insistió en que la reforma apunta a mejorar la calidad del servicio y que los sindicatos todavía tienen espacio para plantear cambios en la Cámara de Diputados, donde ahora se analiza el plan.

“La oportunidad de diálogo sigue abierta, no creemos que la huelga sea la solución”, concluyó.