La declaración de la Lic. Amalia Paniagua, perito caligráfica del Laboratorio Forense del Ministerio Público, es uno de los elementos incluidos esta semana por la fiscalía en el juicio oral al exdiputado colorado Dany Durand Espínola y otros exdirectivos de la firma Mocipar.

De acuerdo con lo relatado por la profesional ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por el juez Matías Garcete Piris e integrado por Elsa García Hulskamp y Adriana Planás Bajac; la pericia concluyó que las firmas estampadas en cheques presentados ante el Banco Nacional de Fomento (BNF) en noviembre de 2019 corresponden a Danny Durand y a su socio Fernando Román.

Se inició primer juicio a Dany Durand y otros acusados por presunta estafa a través de Mocipar

Esta información es de gran relevancia, tanto para la fiscalía como para las víctimas de Mocipar, ya que desde el inicio del presente proceso penal Dany Durand y su defensa vienen sosteniendo que el acusado se había desvinculado de Mocipar en el año 2018.

Sin embargo, al existir cheques firmados por Durand en el 2019 contradice la versión del exdiputado colorado y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat; ya que confirma que el ahora acusado seguía interviniendo en operaciones financieras de la firma después de la fecha en la que, según él mismo afirma, dejó de formar parte de la empresa.

Declaración de exfuncionario de Mocipar

Otro elemento incorporado durante la última audiencia de juicio ora es la declaración de José Luis Zavala, exfuncionario de Tesorería de Mocipar, quien ingresó a la empresa en 1994 y estuvo hasta el cierre de las operaciones en el año 2019, según detalló el propio testigo al colegiado de sentencia.

Zavala afirmó que los ahora acusados Dany Durand Espínola y Fernando Román Fernández seguían siendo considerados los principales responsables de la estructura empresarial de Mocipar, incluso ya en el 2019 Durand encabezaba reuniones de trabajo con integrantes del equipo directivo de la firma.

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Es decir, los datos aportados por el testigo apuntan directamente a la participación que habría tenido Dany Durand en la empresa Mocipar, durante el periodo investigado.

En ese sentido, Zavala puntualizó que los problemas financieros de la firma comenzaron a hacerse evidentes varios años antes del cierre definitivo de Mocipar, ya que desde 2015 la Tesorería atravesaba dificultades importantes, entre otras situaciones como problemas relacionados con el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

El juicio oral continuará el lunes 24 de agosto, a las 8:30, con declaraciones de otros testigos de la fiscalía, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos a cargo del juzgamiento.

Perjuicio de casi G. 870 millones con esquema de estafa

Junto a Dany Durand y Fernando Román afrontan el presente juicio oral los también exdirectivos de Mocipar Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.

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La acusación contra los exdirectivos de Mocipar está a cargo de los fiscales Hernán Galeano, Silvio Alegre, Julio Ortiz y Julio Paredes; y es por presunta estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, asociación criminal, evasión de aportes a la Seguridad Social, conducta conducente a la quiebra y conducta indebida en situación de crisis.

Según la acusación, los exdirectivos de Mocipar conformaban una estructura de organización empresarial y buscaban obtener bienes patrimoniales resultante de la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar, como, asimismo, a la falta de pago de sus proveedores de bienes, siendo la idea y la dirección de la mecánica de “obtener bienes patrimoniales de forma indebida”.

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La Fiscalía agrega que en esta causa son 31 clientes de Mocipar Automotores SA, Mocipar Propiedades SA y Mocipar Hogar SA que dispusieron de su patrimonio entregando importantes sumas de dinero y no recibiendo como contraprestación ningún bien, ocasionando esta forma el perjuicio patrimonial por G. 867.087.725 a las víctimas.