Como punto 16 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, convocada para hoy a las 9:00, figura una vez más el cuestionado proyecto de ley “de protección de datos personales en la República del Paraguay”, que viene siendo postergado semana tras semana desde el pasado 19 de agosto, en su mayoría por falta de quorum antes de su tratamiento.

En Diputados podrían ratificarse hoy como verdugos de la transparencia

En esta ocasión, sin embargo, hay serio riesgo de que no solo traten, sino que aprueben la versión Diputados, la más nefasta, ya que esta prácticamente derogaría las leyes de transparencia de datos público (ver infografía).

Diputados y Transparencia Alerta Diputados podría aniquilar la transparencia de datos públicos

Dos marcos legales se cruzan: la Ley Nº 5189/14 (sobre provisión de informaciones de uso de recursos públicos) y la Ley Nº 5282 (de libre acceso ciudadano a la información y transparencia gubernamental). Esto es lo que está en juego.

⚠️ Riesgo: limitar el acceso a datos clave sobre gasto público, nóminas y viajes financiados por el Estado. ¿Qué bloquearía la Ley Nº 5189/14? Nómina completa de funcionarios (permanentes, contratados, electos), con datos de ingreso, salarios, dietas y bonificaciones. Detalles de viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos. Otros datos relevantes del uso de recursos públicos. ¿Qué garantiza la Ley Nº 5282? “Cualquier persona podrá acceder a la información pública, gratuita y sin justificar razones.” Responsabilidad personal para quienes oculten, alteren o pierdan información pública. Similitudes

Ambas señalan que cuando un ciudadano requiera información pública se notificará al funcionario involucrado, y este podrá oponerse a la entrega.

Diferencias Versión Senado: permite excepciones a favor del ciudadano. Solo puede negarse información si el daño al interés protegido es mayor al beneficio público. No se puede negar acceso a datos ya públicos o que la ley vigente reconozca como públicos.

“Yo creo que se va a tratar mañana (por hoy)”, dijo ayer el diputado cartista César Cerini, uno de los que firmó el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros a favor de la versión Diputados.

Sin mucho fundamento intentó justificar el hecho de que apoye la “peor versión”. “Yo creo que críticas siempre van a haber, pero acá hay que ser claros y hay que resguardar ciertas cuestiones y no muchas veces dar opiniones que no se tenga una información real” (sic), dijo.

El mismo no supo explicar a qué se refería con “información real”, ya que las leyes actuales de transparencia de datos no implican falsear ningún dato, al contrario, permiten conocer datos ciertos sobre funcionarios públicos, que por tal condición, están más expuestos por ser su función de interés general.

“Según estuve viendo, el de Diputados es una versión nueva, el del Senado es prácticamente lo que está... es lo mismo”, sostuvo escuetamente al ser consultado sobre la diferencia entre ambos proyectos.

Finalmente al ser insistido en que la diferencia real está en que la versión del Senado cercenaría el derecho a acceso a información pública, mientra que la de Diputados la aniquilaría directamente, y que se explique mejor sobre su postura, de vuelta cantinfleó.

“Acceder es libre, uno pude acceder a datos públicos, ahora, dar ciertas informaciones si es... antes de tener una información clara y real, ese es un poco la preocupación también” (sic), dijo.

El proyecto genera controversia y, sobre todo, riesgo de muerte para las leyes de transparencia y acceso a información pública, ya que con el cartismo bastardeó la propuesta original para aprovechar y cercenar el derecho ciudadano a acceder a datos públicos y controlar a su autoridades.

Esto debido a que pretende establecer requisito para acceder a datos hasta ahora públicos, como ser los salarios de ellos y sus “nepobabies”, los costos de sus “viajes oficiales” o cualquier dato puntual que pueda ser requerido sobre un funcionario público.

La versión del Senado es solo un poco menos nefasta, ya que al menos mantiene lo relacionado a la “trasparencia activa”, que es la obligación para todas las instituciones del Estado de publicar, sin que se les requiera, mensualmente datos como la nómina de salarios y beneficios de sus funcionarios, entre otros.

En esta instancia y no existe posibilidad de testar (eliminar) el artículo 24, que es el más cuestionados, sino optar por una de las dos versiones. Tampoco hay esperanzas de que el presidente Santiago Peña vete ese articulo, ya que no se destaca por su afecto a la transparencia, más aún luego de que se pillaran sus acciones en Ueno Holding y su mansión en San Bernardino.