El protagonista del reclamo es Eduardo Vera, propietario de una empresa local subcontratada por la firma adjudicada Distribuidora Pabla, con sede en Encarnación, que fue beneficiada con un contrato superior a G. 180 millones para equipar la Junta con mobiliario, equipos de audio y micrófonos.

Según Vera, su empresa fue contratada por G. 120 millones para fabricar muebles y proveer sillas, de los cuales solo recibió G. 90 millones. El saldo de G. 30 millones sigue pendiente, a pesar de haber entregado el trabajo en febrero pasado, bajo la promesa de pago inmediato. “Fui contratado por la empresa adjudicada, hicimos los muebles, entregamos todo, pero nunca nos pagaron el saldo, la etapa de diálogo se agotó”, expresó Eduardo Vera, quien también anunció que evalúa acciones judiciales.

Hace un mes, tras múltiples reclamos, Vera y sus trabajadores fueron a retirar los muebles de la Junta Municipal como medida de presión. Sin embargo, tras recibir nuevas promesas de pago “inmediato”, decidieron devolverlos, aunque hasta la fecha no han recibido el dinero adeudado.

Por su parte, el intendente Carlos Quiñónez (ANR – HC) reconoció la deuda con la empresa adjudicada, pero negó una obligación directa con Vera. “A la empresa adjudicada le debemos aún G. 26 millones. A Eduardo Vera, la municipalidad no le debe, estamos por saldar toda la deuda”, afirmó el jefe comunal.

Municipalidad de San Pedro en crisis: la mayoría “atropella” decisiones en medio de disputas y movilizaciones

Municipalidad en crisis económica y política

La situación financiera del municipio es crítica. El propio intendente admitió que la Municipalidad adeuda los salarios de julio y agosto a sus funcionarios. “Estamos atravesando un momento complicado, el martes pasado solo ingresaron G. 1.800 millones”, señaló. El costo operativo mensual ronda los G. 400 millones, y según Quiñónez, septiembre, octubre y noviembre son los meses más difíciles en cuanto a recaudación.

El presupuesto municipal anual es de G. 16.000 millones, de los cuales el ingreso genuino llega a G. 6.500 millones mensuales.

Tensión política y malestar ciudadano

A la crisis financiera se suma la crisis política, el fallecimiento del concejal Cristhian Peralta dejó un vacío en la Junta Municipal, cuyo reemplazo ha generado una intensa disputa política interna.

Además, el reciente y polémico pedido del intendente para emitir bonos por G. 48.000 millones genera indignación ciudadana y derivó en una vigilia permanente frente al edificio comunal, en reclamo de transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.