Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, señaló esta mañana, en conversación con ABC Cardinal, que el análisis de la trazabilidad de los G. 500.000 millones en bonos para obras, desviados por el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), permitiría al Ministerio Público determinar si la conducta del intendente generó o no un daño patrimonial a la comuna. Esa determinación será fundamental para que la Fiscalía concluya si existió o no una lesión de confianza, a la luz de lo que establece el artículo 192° del Código Penal.

¿Y los 500.000 millones? Nenecho gastó casi la mitad del dinero en salarios, confirma interventor

El interventor recordó que los hechos que analiza ya forman parte de una denuncia penal presentada por la Contraloría General de la República (CGR), por lo que la profundidad de su trabajo podría ofrecer al equipo de investigador de la Fiscalía todos los elementos para la tipificación de la conducta. La causa fue abierta, en principio, por lesión de confianza.

Pereira fue tajante al señalar que, producto de ese análisis, puede decir con absoluta certeza que la conducta del intendente contraviene taxativa y claramente lo establecido en el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal, al aplicar los recursos de los bonos a gastos distintos a los de obras, pero que determinar si eso constituye o no un hecho punible está fuera de sus atribuciones.

Verifican facturas

El interventor recordó que todavía aguarda un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), respecto de la legitimidad de las facturas que conforman la documentación que le fue entregada por la Municipalidad. Agregó que ese informe les permitirá verificar si las empresas que emitieron esos documentos realmente se dedican al rubro que ofrecieron.

“Esas características van a ser muy importantes a la hora de formar un paquete de documentación que respalden el trabajo de ese equipo de investigación”, dijo el interventor en relación con el Ministerio Público.

Daño patrimonial: Nenecho casi “regaló” dos valiosos inmuebles municipales, denuncian

Aunque señaló que continúan en el proceso de trazabilidad de los documentos, para determinar cuál fue el porcentaje del dinero proveniente de la emisión de bonos para obras que, efectivamente, fueron utilizados para la construcción de infraestructura. Pereira resaltó que lo que hasta ahora tienen es “ínfimo”, pese a que “ese debió haber sido el único objetivo” de ese dinero.

El interventor señaló que con el avance de la investigación está en la posibilidad de decir que coincide plenamente con las observaciones de la CGR y que cuenta con la documentación para respaldarlas.

Nenecho compró hasta leche con dinero para obras

Carlos Pereira, interventor de Asunción, confirmó que entre los gastos corrientes en los que incurrió el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), con el dinero de los bonos que eran para obras, aparecen compras tan increíbles como leche, alquileres y mantenimiento.

Pereira explicó que en el análisis que realizan van a poder hacer un desglose detallado de acuerdo al “código calificador del presupuesto”. El interventor había confirmado a ABC que casi la mitad del dinero desviado había sido destinado al pago de salarios y que el resto, en su mayoría había ido a parar en servicios no personales.

Mora de Nenecho: Urge ponerse al día para renegociar con acreedores, dicen concejales

El trabajo de la Intervención coincide con lo señalado por la Contraloría General de la República que había confirmado el desvío de G. 500.000 millones de los bonos para obras. La maniobra había sido denunciada por ABC y la CGR también derivó el caso a la Fiscalía, que mantiene una carpeta de investigación abierta.

Rodríguez también está imputado por lesión de confianza y asociación criminal en la causa conocida como de los “detergentes de oro”, por compras en pandemia, en las que la Fiscalía estima un perjuicio de otros G. 1.850 millones. El interventor, Carlos Pereira, había señalado semanas atrás que, a su llegada a la comuna, encontró un activo disponible de apenas G. 46.000 millones para hacer frente a un pasivo de G. 2,3 billones, lo que calificó como “iliquidez” financiera.