Una educadora denuncia ser una de las miles de víctimas del esquema fraudulento conocido como “la mafia de los pagarés”, que ya habría afectado a más de 17.000 personas en todo el país. Desde hace un año, sufre descuentos masivos en su salario por deudas que asegura nunca haber adquirido.

“Desde septiembre del año pasado mi vida se volvió un calvario”, relata con voz quebrada la docente, quien pidió mantener su identidad en reserva. Su caso es uno de los tantos que componen la red de estafa masiva que vincula a empresas financieras, estudios jurídicos y, presuntamente, funcionarios públicos.

La mujer, madre de dos hijos pequeños, actualmente percibe apenas G. 150.000 mensuales, cifra que corresponde únicamente a la bonificación familiar. El resto de su salario es retenido por embargos judiciales, deudas inexistentes a su nombre y descuentos bancarios irregulares.

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19 embargos y otros 12 en espera

Todo comenzó cuando, en octubre del 2024, notó que había cobrado una suma ínfima. Al consultar en el Ministerio de Educación, descubrió que tenía 19 embargos activos, cada uno por aproximadamente G. 9.500.000. Desde entonces, siete ya fueron ejecutados y otros 12 más están pendientes de ser descontados.

“Jamás saqué un préstamo ni compré nada a crédito. No sé de dónde salen esas deudas”, afirmó.

Al revisar su historial judicial, encontró registros de supuestas deudas iniciadas desde el 2021, sin haber recibido jamás una notificación ni haber firmado pagaré alguno.

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Sin asistencia, sin abogado y sin respuestas

Pese a los reiterados reclamos, el MEC no le ofreció ninguna solución. “Solo me dijeron que ellos reciben las órdenes de embargo y descuentan, sin importar si son legales o no”, lamentó. Ante la imposibilidad de pagar un abogado —por su situación económica crítica—, no ha podido iniciar acciones legales.

“Con lo que gano no llego a fin de mes. Mis hijos a veces me piden comida o calzado y no tengo con qué responderles. Lloro en silencio todas las noches”, confesó entre lágrimas.

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También fue víctima de clonación de tarjeta

Como si no fuera suficiente, la docente descubrió también que su tarjeta de débito habría sido clonada. Al consultar en el Banco Nacional de Fomento, detectó que se realizan pagos electrónicos que ella nunca autorizó. “Con qué plata voy a pagar si solo cobro G. 150.000”, cuestionó. El banco le indicó que debe presentar una denuncia formal ante Delitos Económicos para que puedan investigar.

En medio del dolor y la desesperanza, la denunciante ruega que su historia ayude a visibilizar el drama de muchas otras personas en igual o peor situación: “No le deseo esto a nadie. Ojalá se llegue al fondo y se haga justicia. No estamos pidiendo plata, solo que nos devuelvan nuestra dignidad”.