Asunción y Gran Asunción serían las zonas afectadas por la huelga convocada dos de los gremios más importantes de choferes de buses de transporte público para el 25 y 26 de setiembre, que según aseguran, tendrá un acatamiento de por lo menos el 80%.

Las organizaciones convocantes son la Federación Unitaria de Trabajadores de Transporte y la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat). Entre los pedidos que realizan está la modificación de los artículos 45 y 39 de la reforma de transporte público impulsada por el gobierno de Santiago Peña que ya cuenta con aprobación en general de la Cámara de Senadores.

Gerardo Giménez, representante de Fetrat, denunció que con el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, ya no pueden tener interlocución, ya que el mismo incumplió sus compromisos con el gremio para incluir sus pedidos de modificaciones en la reforma, por lo que ya no lo consideran una persona seria y aseguró que solamente se reunirán con Claudia Centurión o con el Presidente de la República, Santiago Peña, en caso de que quieran establecer una mesa de diálogo desde el gobierno para destrabar la medida.

“Ya incumplió un acuerdo donde nosotros hemos propuesto la huelga y no hay nada de seriedad de parte de este señor. Él estando en la mesa te dice, te pinta todo bien y al salir de ahí ya hace otras cosas. No le interesa a la ciudadanía. No hubo contacto de ninguna autoridad del gobierno”, lamentó.

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“Reforma se hizo entre cuatro paredes”

La propia ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, emitió una resolución en la que menciona que para la elaboración de la reforma van a participar los verdaderos actores del transporte público, entre usuarios, trabajadores y empresarios.

Giménez lamentó que pese a que se presentó la resolución, que de cumplirse ya se habría llegado a la audiencia pública del Congreso con un acuerdo entre todos, el gobierno sigue marginando tanto a usuarios, como trabajadores.

“El gobierno con esa resolución iba a instalar una mesa de trabajo para trabajar por la reforma. Nosotros en la audiencia pública ya hubiéramos llegado todos a un acuerdo. Lastimosamente, hasta hoy en día se nos margina, tanto le margina a los usuarios, a los trabajadores e inclusive al empleador. Este proyecto de reforma que se hizo, se hizo entre cuatro paredes con este señor del Viceministerio de Transporte”, criticó.

Los trabajadores reclaman que en el artículo 45 del proyecto de la reforma, donde menciona que los operadores van a pasar a conformar consorcios de empresas que se harán cargo de los diferentes servicios, desde los ramales, hasta las paradas y talleres, no se establece quien pasará a hacerse cargo de las denuncias laborales de los trabajadores, o de su antigüedad en caso de que las empresas actuales de transporte pase a ser canceladas por sus propios dueños.

“Ahí prácticamente nosotros nos quedamos ya al aire. Si yo tengo problema laboral, ¿a quién le denuncio? Esa es nuestra gran pregunta acá. En este caso, con esta reforma se nos niega prácticamente el derecho inclusive de la jubilación", indicó Giménez.

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Trabajadores reclaman derecho a la huelga

También critican el artículo 39, que establece la absorción de las empresas. Si bien Giménez criticó que no establece que pasará con los trabajadores en caso de que los operadores absorban a las empresas, en la Cámara de Senadores introdujeron que el operador que sustituya a otro en una unidad funcional deberá incorporar a los conductores que hayan prestado servicios durante al menos los últimos dos años y que queden cesados del operador anterior. La misma protección se aplicará en casos de cesión de la concesión.

Sin embargo, también establece que el nuevo operador podrá realizar una evaluación de idoneidad de los conductores, con base en reglas y criterios objetivos previamente definidos; quienes no cumplan los niveles mínimos establecidos podrán ser excluidos del proceso de incorporación. El VMT reglamentará y supervisará estas evaluaciones.

En las bases y condiciones de licitación y en los contratos de concesión se establecerán penalizaciones por incumplimiento de estas disposiciones y se deberán prever mecanismos para garantizar las indemnizaciones de los trabajadores al término del contrato, incluyendo la creación de fondos especiales o figuras similares, además de la constitución de garantías de cumplimiento.

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Giménez insistió en que la definición de que el Transporte Público como “indispensable” en la reforma les restringe el derecho a la huelga.

El proyecto original establecía que el Viceministerio de Transporte (VMT) debía indicar al sindicato, en caso de huelga, o al concesionario del servicio, en caso de paro, la cantidad de buses y frecuencias mínimas necesarias para asegurar la continuidad operativa.

En cambio, el texto aprobado establece porcentajes específicos: se deberá garantizar el 70% en horas pico y el 60% en los demás horarios. Según el sindicato de choferes, esta medida podría impedir la huelga de los trabajadores sindicalizados.