Las tensiones entre el sector docente y el Ejecutivo vuelven a escalar ante la proximidad del cierre del plazo para la presentación del anteproyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN), reabriendo un histórico debate sobre la falta de inversión estructural en la educación pública y el cumplimiento de los acuerdos salariales pactados en años anteriores.

En este contexto, Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), confirmó que el gremio respalda firmemente el pedido de un 8% de reajuste salarial, monto que inicialmente fue elevado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sin embargo, el reclamo gremial va mucho más allá de lo salarial. Resquín alertó sobre la crisis que atraviesa la educación inclusiva en las escuelas públicas del país.

Según detalló, existe el compromiso de contratar a más de 500 psicólogos que hasta la fecha no se ha concretado, una falencia que deja a los docentes sin el acompañamiento necesario y obstaculiza cualquier avance real en la materia.

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A esta problemática se suma la histórica traba administrativa con el fondo de gratuidad, un recurso fundamental que, según denuncia el sector, crónicamente llega tarde. “Tendría que estar llegando en enero para que los directores puedan poner en condiciones las instituciones educativas”, enfatizó.

Otro de los puntos críticos señalados por el líder sindical es la precaria atención médica en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Resquín denunció que a los educadores se les descuenta mensualmente el 5,5% de sus salarios para la cobertura médica, pero arrastran una grave deficiencia en el servicio debido a una deuda histórica que el Estado mantiene con la previsional, cuyo último pago registrado, según apuntó, data de la administración del expresidente Horacio Cartes.

“Son algunos temas que tenemos que tratar con el Ministerio de Economía”, advirtió el dirigente sindical.

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Desde la UNE informaron que mantendrán una tregua de espera junto a las bases sindicales. Una vez cumplido el plazo, se reunirán para definir las futuras acciones gremiales, recordando que el Ministerio de Economía tiene tiempo hasta el 31 de agosto para remitir el anteproyecto presupuestario.

De no obtener una respuesta favorable a sus demandas, no descartan convocar a masivas movilizaciones a nivel nacional.