El abogado penalista Guillermo Duarte Cacavelos calificó como un “adefesio jurídico” el proyecto de ley del diputado Rubén Rubín, que busca introducir la figura de la prisión permanente revisable en el Código Penal paraguayo. La iniciativa, que este miércoles tuvo entrada oficial en la Cámara de Diputados, plantea además la elevación de la pena máxima a 90 años de prisión para delitos graves como el homicidio.

Duarte afirmó que la propuesta carece de sustento jurídico, constitucional y criminológico. Sostuvo que el texto “no tiene defensa jurídica posible” y que evidencia un “desconocimiento absoluto de la sistemática penal y constitucional vigente en Paraguay”. Según explicó, el proyecto mezcla normas de la parte general y especial del Código Penal, introduce conceptos ya existentes como si fueran novedades —como el dolo eventual— y plantea penas desproporcionadas.

“El dolo eventual ya está contemplado en nuestro ordenamiento, no es una novedad. Lo que hace el proyectista es restringir su definición y confundir a la ciudadanía con una mala técnica legislativa”, afirmó el abogado.

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Violación de la Constitución

También advirtió que imponer penas de hasta 90 años viola el artículo 20 de la Constitución Nacional, que establece que la sanción penal debe proteger a la sociedad y permitir la readaptación del condenado. “¿Qué sentido tiene una pena de más de 90 años si la persona no tendrá posibilidad alguna de reinsertarse?”, cuestionó.

Duarte señaló además que la propuesta elimina figuras como el homicidio culposo, equiparando todos los hechos con resultado de muerte al homicidio doloso. A su criterio, esto tendría un efecto paralizante sobre profesiones como la medicina o la construcción. “Con estas penas nadie va a querer asumir responsabilidades que puedan implicar riesgos. Es desquiciado”, sentenció.

Otro punto alarmante, según el penalista, es que el proyecto incorpora elementos del Código Procesal Penal dentro del Código Penal, como la valoración restrictiva de pruebas —por ejemplo, condicionando la validez de una acusación al informe de los bomberos— lo que, según dijo, viola el principio de libertad probatoria.

“No creo que un abogado penalista haya escrito esto. Si alguien lo defiende, merece que se le retire el título”, lanzó.

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“No necesitamos nuevas leyes, sino aplicar bien las que tenemos”

Finalmente, Duarte sostuvo que no existe evidencia científica de que el endurecimiento de penas reduzca la criminalidad. “Antes que reformar leyes, lo que debe hacerse es aplicarlas correctamente. Nuestro sistema ya permite penas de hasta 40 años y medidas de seguridad adicionales. Lo que falta es eficacia en la aplicación, no sanciones más duras”, concluyó.