El economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira afirmó en Enfoque Económico, de ABC Cardinal, que con la caída de Ueno Bank “se robaron un banco” con fondos públicos. Pidió al presidente Pedro Alliana reemplazar al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y al superintendente.

La entidad fue intervenida por insolvencia y la crisis derivó en la destitución de Santiago Peña por el Congreso. Alliana juró como presidente el viernes último y el sábado inició su primera jornada en el Palacio de López.

Ferreira contó que, ante las consultas del exterior, sobre todo de argentinos que hablaban de “corralito”, aclaró que lo ocurrido es otra cosa. El corralito limitaba los retiros en todos los bancos. Lo de Ueno, dijo, es “una intervención de un banco por parte de las autoridades”.

Explicó que existe un período sin pagos hasta que se activa la ley de garantía de depósitos. Su resumen fue directo: “Se robaron un banco” y, según él, “el jefe de la gavilla era el presidente de la república”. Agregó que fue un robo sin armas, “con un app” y con dinero del Estado.

El BCP paga la garantía con el Fondo de Garantía de Depósitos, que cubre hasta 75 salarios mínimos, unos G. 228.300.000. El BCP informó que casi 1.200.000 ahorristas ya recibieron su dinero.

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Plata pública para un solo banco

Según Ferreira, hubo una instrucción para que el dinero de las instituciones públicas fuera a Ueno, y atribuyó esa orden a Peña. Dijo que hoy se sabe, por lo que publica el Ministerio de Economía, que los fondos de Instituto de Previsión Social (IPS) estaban en el banco, y que la denuncia ya se amplió para incluir los de Itaipú.

Mencionó la ampliación de la denuncia de la oposición, que incluye con nombres al Consejo de Administración de IPS, al directorio del BCP, al superintendente de Bancos, al exministro de Hacienda Carlos Fernández Valdovinos, al consejo paraguayo de Itaipú y a un expresidente de la ANDE.

También recordó la exposición del diputado Raúl Benítez en el juicio político. Según Ferreira, mostró cómo los depósitos del IPS en Ueno crecían cada vez que se modificaban las normativas, y volvían a saltar cuando se tocaba el límite.

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La “cortina de humo”

Ferreira explicó en qué se gastó ese dinero. Lo describió como el marketing más importante de la historia reciente del país: publicidad, auspicios al fútbol y al rally y descuentos que “a todas luces” eran insostenibles.

Detalló cómo funcionaba un descuento del 40% con un supermercado: el banco ponía 20 y el comercio 20. El supermercado subía un 20% sus precios y terminaba cobrando lo mismo. Así, dijo, el banco captó a casi 3.000.000 de clientes, la mitad de los paraguayos, mientras “con esa cortina de humo” se vaciaba la entidad.

Un banco solo podía prestar a sus propias empresas el 20% de su patrimonio efectivo, que en el caso de Ueno rondaba los US$ 80 millones. Según Ferreira, se cree que se llegó a US$ 628 millones, es decir, 7,85 veces el límite.

Para él, los cómplices fueron el Banco Central y toda su institucionalidad. Hizo una excepción con Carmen Marín, quien según dijo mostró documentos que prueban que se oponía y pedía informes.

Recordó que los miembros del directorio y el superintendente son propuestos por el presidente y electos por el Senado. A quienes dicen “yo no firmé nada” les respondió que tampoco hablaron ni renunciaron. “Se tienen que ir todos”, sostuvo.

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El “Informe Rivarola” y los honorarios de Carvallo

Con el llamado Informe Rivarola, dijo Ferreira, se vio que los funcionarios de la Superintendencia hicieron bien su trabajo. Reportaban al superintendente, este iba al directorio y de ahí volvía la instrucción de no hacer nada. A su criterio, entre ambos hubo un “contubernio”, y en el mejor de los casos actuaron como el “campana” de un robo.

También señaló que Carlos Carvallo cobraba de Ueno a través de su esposa, asesora económica y financiera del Grupo Vázquez. Habló de una suma facturada, con la aclaración de que era “según fuentes”.

Cabe recordar que Carvallo, expresidente del BCP y de Ueno, se entregó y quedó detenido este sábado.

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Ahorristas confundidos y un sistema sin impacto

Ferreira afirmó que no hay impacto en el resto del sistema financiero, porque “no se robó otro banco”. El susto del miércoles, con filas y gente abriendo cuentas en otras entidades para cobrar, se explica por la falta de información.

Un banco de plaza abrió 60.000 cuentas en un día. “Ningún banco está preparado para este aluvión”, explicó, y por eso fallaron las aplicaciones.

También recordó que unos 32.000 jubilados del IPS, uno de cada tres, tenían su cuenta en Ueno. Afirmó que las propias autoridades del IPS los orientaban a cambiarse, con oficinas del banco dentro del local del instituto.

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Lo que el cliente olvida: el banco le debe a usted

El economista recordó que de cada 100 en activos de un banco, solo unos 8 los ponen los dueños y 92 son del público. Una caja de ahorro, una cuenta corriente o un CDA son una deuda del banco con el cliente.

Comparó con la crisis que empezó en los 90 y terminó en 2003. Según él, el mecanismo fue parecido, aunque ahora los fondos públicos son más. Recordó que el IPS se hizo inmobiliario en esa época para resarcirse de sus depósitos. Ahora, ironizó, “va a tener que vender jugo de naranja”.

Ferreira explicó que la publicidad y los descuentos “desaparecen” y no dejan ningún activo. El principal activo de un banco es su cartera, es decir los pagarés de quienes le deben. Según él, esos pagarés estaban firmados por las mismas personas de ambos lados: como banco acreedor y como deudor.

Contó el caso de una persona que tenía una deuda de tarjeta de G. 3.000.000 que apareció en cero porque se la pasaron a un sobregiro en cuenta corriente. Calculó que la cartera de tarjetas rondaba los US$ 170 millones y que habría sido convertida en sobregiros “sin días de atraso” y a tasas más altas.

Sobre el destino del dinero, dijo que son especulaciones: compras de bienes y giros al exterior. Recordó que uno de los fiscales dijo que seguirán la plata “hasta el gran ducado de Luxemburgo”.

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Cuánta plata del Estado está en juego

Ferreira dijo que lo que se sabe con certeza es que el Estado tenía unos US$ 850 millones en Ueno, de los cuales US$ 350 millones son del IPS. Admitió que no se conoce lo de Itaipú ni lo de Petropar, y que no puede avalar las listas que circularon.

Mencionó una denuncia del Ministerio de Economía por G. 250.000.000.000 de la caja fiscal, colocados en tiempos de Fernández Valdovinos y registrados a fines de julio de 2025. Citó otra de Petropar por unos G. 40.000.000.000, aunque no recordaba la cifra exacta. Advirtió que, si Petropar está comprometida, puede haber problemas de gasoil, y habló de “préstamos internacionales” de la ANDE.

Tras los pagos de la garantía, dijo, los clientes de Ueno bajarán de 3.000.000 a unos 50.000, entre ellos todos los organismos públicos. “El coletazo” vendrá, a su juicio, por los fondos públicos.

Se preguntó qué pasará con los contratos del Grupo Vázquez con el Estado, como el del core bancario del BNF. Señaló que casi todas sus empresas tienen embargos e inhibiciones.

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El fondo de garantía y la intervención

Ferreira explicó que el BCP tiene 15 días para un “balance de exclusión”, que consiste en no creerle al balance del banco y armar uno real. En paralelo, otro equipo paga a los ahorristas.

Según su cuenta, el plazo corre desde el 3 de noviembre y vence el 18 de noviembre.

Contó que el miércoles se intentó aprobar dos leyes y que una habría metido a IPS y otros dentro del fondo de garantía. El fondo, formado con gastos administrativos que pagan los clientes, nació en 2003 con US$ 50 millones y hoy tiene US$ 1.400 millones.

Estimó que los pagos costarán unos US$ 850 millones y que quedarían US$ 550 millones para el resto de los bancos. Con esa ley, dijo, “no iba a haber plata para pagarte”. Se mostró a favor de Pedro Acosta, nuevo director del BCP, a quien recordó como interventor del Banco Alemán.

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“Ladrones hay en todos lados”

Ferreira sostuvo que la imagen del país depende de lo que se haga ahora. Citó casos como el de Bernie Madoff en EE.UU., el Banco Master en Brasil y Credit Suisse. “Ladrones hay en todos lados”, dijo. “Lo que no hay en todos lados es castigo a los ladrones”.

Para él, Paraguay “está poniendo a prueba su institucionalidad”. Valoró la intervención, el juicio político y las acciones fiscales como “el camino correcto” que hay que profundizar. Dijo que hoy la prioridad es completar el directorio del BCP y la Superintendencia, para dar seguridad al sistema.

Los desafíos de Alliana

El economista criticó que Pedro Alliana siga con Óscar Lovera en Economía y vio a Antonio “Tony” Barrios, el nuevo vicepresidente, como amigo y médico de Horacio Cartes. Para Ferreira es más un “comisario político” que un vice.

Anticipó cuatro grupos de funcionarios: los que Cartes quiere que se queden, los que quiere que se vayan, los que quiere que entren y los que elegirá Alliana. Mencionó que Juan Carlos Baruja fue ascendido, que Ariel Martínez ya entró y que el titular del Mitic, Gustavo Villate, probablemente salga.

Dijo que el presidente anunció un proyecto de ley de racionalización de gastos. Le pidió escuchar a la oposición, “porque fue la oposición la que le puso en el cargo”. Habló de un gobierno de unidad nacional como el de Luis González Macchi y pidió “una sanción ejemplar” para quienes ejecutaron las órdenes. “Destape la olla”, le dijo.

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Otros frentes abiertos

Sobre el rubro cambiario, señaló que el dólar subió y el BCP intervino. Ferreira sospecha que hubo información privilegiada y recordó que quien compró bonos del Tesoro en guaraníes en 2025 habría ganado un 50% en dólares en un año y medio. Cuestionó que el BCP no interviniera cuando el dólar bajaba, algo que golpeó a los exportadores y a la maquila, con 1.000 empleos perdidos. Pidió ver quiénes compraron bonos en Paraguay y en EE.UU.

Sobre el sector fiscal, habló de Hambre Cero. Ferreira relató lo que Blanca Ovelar dijo en otro programa de radio Cardinal: en un colegio de 400 alumnos comen unos 80, pero se cobraría por 400. Pidió que la Contraloría calcule cuánta gente come y cuánto se cobra. El programa cuesta cerca del 1% del PIB, unos US$ 600 millones en el presupuesto del próximo año.

Sobre adultos mayores, pidió que se publique la lista de beneficiarios. También dijo que hay que retomar la ley de información pública y que el PGN 2027 es otro desafío.

Quiénes deberían irse y quiénes podrían llegar

Ferreira dijo que hay que alejar a Miguel Mora, a Liana Caballero y al superintendente Holger Aníbal Insfrán Ibarrola. Les atribuyó haber estado envueltos “por acción o por omisión” en el desfalco y dijo que “nadie les cree”. Estos tres nombres corresponden al directorio del BCP y a la Superintendencia, según el planteo del economista.

Pidió que se queden Pedro Acosta y que vuelva Carmen Marín. Propuso a Fernando Rivarola, a quien dijo no conocer pero de quien le hablaron bien. También mencionó a Carlino Velázquez, exfuncionario del BCP hoy en el sector privado. Para la política cambiaria y de inflación sugirió a Germán Rojas.