El intendente Víctor Garay había apelado el A. I. N° 164 de fecha 17 de junio de 2025 dictado por el juez Humberto Otazú, cuestionando que la acusación fiscal no cuenta con suficientes elementos probatorios para solicitar el juicio oral.

Sin embargo, la Cámara subrayó que en la resolución cuestionada por la defensa, el juez le da respuesta al incidentista en la afirmación de que la acusación fiscal detalla el presunto quantum del daño patrimonial o perjuicio causado en la comuna de Jesús de Tavarangüe.

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Otro de los agravios que presentó la defensa del político es el rechazo de la exclusión probatoria de la prueba documental N° 18 ofrecida por el Ministerio Público, referente a un informe técnico ofrecida por la querella adhesiva.

“A criterio de este Tribunal de Apelación la respuesta jurisdiccional de Primera Instancia es correcta ya que, en primer lugar, dicha prueba documental al no haberse realizado con las formalidades previstas en el Art. 214 y siguientes del C.P.P. en la etapa de investigación, mal puede ser admitido como prueba pericial un mero informe técnico que, en puridad, resulta ser una prueba documental”, refiere la resolución.

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Por otro lado, el Ministerio Público sostiene que, con los medios de pruebas ofrecidos, se podrá demostrar la existencia de los hechos punibles acusados que hacen a una presunta lesión de confianza en el patrimonio de la comuna de Jesús de Tavarangüe.

Según la acusación, Víctor Garay, habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la comuna de G. 2.443.432.795 durante el 2022. Se fundamenta principalmente en que se pagaron por servicios que nunca se ejecutaron.