El informe por los tres años de Gobierno llegó con resultados energéticos para mostrar, y varios son reales. Pero el balance que más le sirve a Paraguay no es el de lo hecho, sino el de lo que falta decidir: el país entra en su década energética más decisiva con una ventaja que muy pocos países tienen y con una pregunta que no respondimos: qué queremos que esa energía produzca. La discusión ya no es cuánto nos paga Brasil por nuestra energía, sino cómo financiamos más fuentes de generación, quién decide cómo la usamos, con qué reglas y en qué plazo.

Desde donde lo veo, el país tiene que dejar de administrar la energía como renta heredada y empezar a construirla como plataforma productiva y de desarrollo. Y eso, no lo resuelve una obra ni un gobierno, sino los acuerdos que sobrevivan a los ciclos políticos.

El récord de consumo y el margen que se acorta

Lo que cambió es la demanda. Entre 2020 y 2025 el consumo de energía creció 10,5% anual y la potencia 8,2%. El sistema usa cerca del 75% de su potencia disponible y los informes técnicos del sector ubican el período crítico en 2028-2030. El sistema absorbió saltos de 18,5% en 2024 y 12,5% en 2025, con picos de más de 5.000 MW, sin apagones generales ni racionamientos prolongados como en otros países, y esto es sin duda un logro operativo real. Que la ANDE acumule unos 6.300 MW en pedidos de grandes cargas, tal como fue anunciado, que es más de lo que el país consume en su hora pico, habla de lo que viene.

Las decisiones que se tomaron

Estos tres años dejan avances que conviene reconocer. El acuerdo tarifario de 2024 elevó los ingresos que recibimos de Itaipú y entró en servicio la subestación Valenzuela de 500 kV. La Ley N° 7599/2025 abrió la generación privada no hidráulica con contratos de treinta años. En agosto se pusieron a consulta los anteproyectos de Ministerio de Energía y ente regulador. Este es el movimiento institucional más serio en veinte años.

Pero no todo fue lineal. La tarifa atravesó debates y vaivenes que no le sirvieron a nadie: ni a las industrias convergentes ni a los consumidores. La previsibilidad tarifaria no es un tecnicismo, sino que es la condición para atraer actores serios y conseguir las inversiones que necesitamos para mejorar la calidad del servicio de todos los usuarios en el Paraguay.

De los proyectos a la estrategia: tres acuerdos

Lo que sigue son tres acuerdos, no tres reproches; valen para los dos años que quedan y para el gobierno que venga. Uno institucional: que el regulador nazca con competencia tarifaria vinculante, mandatos fijos y presupuesto propio; la independencia no se declara sino que se diseña y se compromete. Uno de procedimiento: que la asignación de capacidad tenga requisitos de madurez, depósitos y penalidades por desistimiento. Con esa regla, 6.300 MW son una cartera; sin ella, son una fila. Y uno de prioridad: que la ejecución de transmisión sea el indicador que el país mira cada mes, porque define cuánta industria realmente puede “enchufarse”.

Detrás de los tres hay una decisión de criterio. Los recursos extraordinarios de Itaipú financiaron caminos, accesos y obras sociales, todas defendibles. La pregunta no es si estuvieron bien gastados, sino con qué criterio asignaremos los próximos: pavimentar el camino a un parque industrial no reemplaza la línea de transmisión sin la cual ese parque no existe.

Anexo C: la mejor posición se construye acá

El Anexo C ganará titulares el año próximo, con la tarifa provisoria venciendo y elecciones en Brasil. Importa, pero define cuánto cobramos, no cuánto producimos. La mejor posición negociadora se construye acá: con demanda propia, reglas de inversión y obras como la segunda línea de 500 kV desde la margen derecha de Itaipú, que es la que aumenta nuestra capacidad de retirar energía propia.

Lo que acordemos en 2026 entra en operación hacia 2030, justo cuando el sistema se quede sin margen. Por eso el mejor balance de estos tres años no se escribe hacia atrás, sino hacia adelante.

Y si bien la primera ventaja la heredamos, esta segunda hay que construirla, y para hacerlo necesitamos un andamiaje sólido, con institucionalidad no solo en papeles sino con fuerza real para ejecutar y liderar los cambios que sentarán las bases para el sector energético de los próximos 50 años.

(*) Cecilia Llamosas, doctora en políticas energéticas.