Según proyecciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se estima que este año los productores del departamento de Caaguazú generarán unos 67.667.600 kilos de tomate, lo que equivale al 73 % de la producción nacional. El resto se divide entre los departamentos de Central, Alto Paraná, Concepción, Paraguarí, Cordillera, Canindeyú, San Pedro, Itapúa y Guairá. La estimación global para este año es de 86.840.300 kilos de la hortaliza.

La demanda nacional de tomate ronda los 6 millones de kilos mensuales, pero para este junio se prevé una producción de 15.030.000 kilos, lo que equivale a más del doble de lo que necesita el país.

Productores denuncian blanqueo de tomates argentinos y saturación del mercado

La encargada de la Dirección de Comercialización Departamental del MAG, Ing. Lorena Ojeda, manifestó que, según las proyecciones de relevamientos de datos realizados al inicio de la zafra 2025, en los meses de junio y julio se tendría una superproducción de tomate. Sin embargo, en vista de que la primera cosecha recién inicia, la próxima semana estarán haciendo un trabajo de campo para verificar si hubo cambios en las proyecciones de los agricultores, dijo.

Indicó que, con la confirmación in situ sobre la producción, se estarían tomando ciertas determinaciones que puedan ayudar a los labriegos a vender sus tomates.

Productores denuncian inoperancia de la DNIT ante ingreso de tomates de contrabando

El presidente del Consejo Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay, Abel Brítez, manifestó que la intención de siembra que tiene el MAG no se ajusta a la realidad, en vista de que el intenso frío que se está teniendo está retrasando la maduración de los tomates. Indicó que estiman que la cantidad de producción nacional está justa en el nivel que necesita el consumo diario del país.

Agregó que la saturación del mercado se debe al ingreso masivo de tomates de la Argentina, y que gran parte está blanqueada por autoridades corruptas del país. Explicó que presentan como producción nacional las hortalizas que introducen en forma ilegal al país, con lo que perjudican al agricultor paraguayo.

Los productores exigen al Gobierno Central prever los mecanismos necesarios para vender sus tomates y generar algo de ganancia en sus fincas.