Estos son algunos de los datos clave que explican la evolución y el estado actual de una república africana marcada por la violencia armada y la pobreza estructural.

La evolución demográfica de Sudán del Sur evidencia el impacto directo de la violencia armada sobre la población civil, una realidad heredada de una independencia que, si bien puso fin a cuatro décadas de conflicto con Sudán de 22 años que causó 2,5 millones de muertos, dejó grandes disputas territoriales abiertas.

Quince años después, todavía sigue sin delimitarse el 20 % de la frontera común con Sudán y la estratégica región petrolera de Abyei continúa bajo la tutela de la Fuerza de Seguridad Interina de la ONU (UNISFA).

Esta inestabilidad exterior se agrava con el conflicto interno, que desde 2013 y pese a los acuerdos de paz en vigor desde 2018, ha causado cerca de 400.000 muertes desde su inicio, según informes respaldados por la comunidad internacional.

Lo que comenzó en diciembre de 2013 como un enfrentamiento político entre el presidente Salva Kiir y el entonces vicepresidente Riek Machar derivó en una cruenta guerra civil de tinte étnico entre dinkas y nuer que no se ha logrado frenar.

Lejos de remitir, el impacto del conflicto sobre los civiles se mantiene: según la ONU, el número de civiles asesinados aumentó un 89 % entre 2025 y 2026, dejando 767 muertos entre enero y marzo de este año.

La persistencia de las hostilidades mantiene al país en una crisis migratoria permanente.

Frente a las 150.000 personas que protagonizaron el éxodo en el primer año de soberanía en 2011, Naciones Unidas registra que los desplazados internos ya superan los dos millones, siendo los menores quienes sufren más directamente las consecuencias.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el 65 % de la población sursudanesa refugiada es menor de 18 años.

Asimismo, la ONU señala que el país tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo: uno de cada diez niños muere antes de los cinco años.

Dicho flujo de desplazados coincide con un escenario de extrema vulnerabilidad alimentaria.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), más de la mitad de la población se enfrenta a niveles de inseguridad alimentaria aguda, una emergencia que golpea en primer lugar a los menores: los organismos oficiales alertan de que más de 2,1 millones de niños menores de cinco años sufren desnutrición aguda.

La crisis nutricional y la pobreza se traducen, a su vez, en el colapso del sistema educativo.

Según datos de Unicef, 2,8 millones de menores están sin escolarizar, siendo las niñas las más afectadas debido a la pobreza y el matrimonio precoz.

El colapso humanitario tiene su reflejo directo en la economía.

La evolución financiera desde 2011 muestra cómo un Estado rico en recursos ha quedado sumido en una quiebra estructural por su dependencia del crudo, sector que genera entre el 95 % y el 98 % de los ingresos fiscales de Yuba.

Las tempranas disputas con Sudán tras la independencia por las tarifas de tránsito paralizaron por completo la producción en 2012, asestando un duro golpe a sus arcas del que el país nunca se recuperó.  

En su primera década de existencia -lastrada por la corrupción y la guerra civil-, el PIB nacional apenas superaba los 3.100 millones de dólares y el PIB per cápita se situaba por debajo de los 240 dólares.

Aunque el Fondo Monetario Internacional (FMI) sitúa el PIB nominal actual en unos 6.000 millones de dólares y la renta per cápita en 491,4 dólares para una población de unos 12,2 millones de habitantes, los indicadores económicos de desplomaron en el último año un 7,7 % debido al cierre de un oleoducto clave a causa de la guerra civil en Sudán.

Esta fragilidad financiera está estrechamente ligada a la gestión de los recursos públicos.

La Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur concluyó que la corrupción sistémica y el desvío de ingresos estatales causan la grave infrafinanciación de servicios públicos como la sanidad y la educación.

Esta desatención presupuestaria es, según señala Amnistía Internacional, un factor determinante para que el país registre una esperanza de vida de apenas 58 años.