El texto, impulsado por el senador cartista Natalicio Chase y respaldado por la comisión “antimafia de pagarés” fue aprobado inicialmente en la Cámara Alta, pero sufrió modificaciones en Diputados que encendieron las alarmas.

El cambio más polémico fue la exclusión del Banco Nacional de Fomento (BNF), señalado como pieza clave en el esquema de descuentos abusivos que afectan principalmente a docentes y enfermeras.

El objetivo central de la propuesta era limitar la cantidad de descuentos que podían aplicar las instituciones sobre los haberes de los trabajadores del Estado.

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La incorporación del BNF como entidad pagadora resultaba clave, ya que según las investigaciones de la Comisión, la entidad permitió descuentos irregulares, cuotas excesivas y hasta autorizaciones falsas, que los afectados no podían revertir debido a la resistencia del propio banco.

Diputados alteraron el alcance del proyecto

El tratamiento en Diputados comenzó el 8 de agosto, cuando las comisiones de Justicia, Trabajo y Previsión Social, Asuntos Económicos y Financieros, Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria, Legislación y Codificación dieron su aval sin modificaciones.

Sin embargo, el 9 de septiembre, previo a la sesión plenaria, las comisiones de Equidad, presidida por la cartista Rocío Abed y Presupuesto, encabezada por la cartista Cristina Villalba introdujeron cambios tras recibir un informe del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VMCHGO) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Aunque públicamente se presentaron como ajustes “formales”, las comisiones fueron más allá y recortaron el alcance de la ley, excluyendo al BNF del esquema de control. La modificación no fue mencionada durante el debate, lo que alimenta sospechas de que se intentó ocultar la exclusión de la entidad clave en el circuito de descuentos.

Riesgo de desvirtuar la ley

De aceptar el Senado la versión de Diputados, la norma quedaría desvirtuada y perdería su espíritu original. Por ello, la comisión “antimafia” pide que la Cámara Alta ratifique la redacción inicial para garantizar protección real a los trabajadores públicos.

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Cabe destacar que el 1 de septiembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió la Resolución 01/2025 que obliga a las entidades supervisadas a revocar autorizaciones de descuentos con la sola solicitud de los clientes. Sin embargo, legisladores y expertos advierten que una resolución administrativa no tiene la fuerza de una ley y puede ser modificada en cualquier momento.

Walton Capital y los vínculos políticos

El caso también involucra a la empresa Walton Capital S.A., encargada de operar con el BNF en la centralización de descuentos. El principal accionista de esta firma es primo de Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, lo que genera sospechas de conflicto de intereses en las modificaciones introducidas.

El Senado tiene ahora en sus manos la decisión de ratificar la versión original, que incluía al BNF y garantizaba un mayor control o aceptar la versión de Diputados, que excluye al banco estatal y podría perpetuar el sistema de descuentos abusivos.

Lo que resuelva la Cámara Alta será determinante para definir si la ley cumple con su objetivo de proteger a miles de funcionarios públicos o si, por el contrario, se consolida el modelo que dio origen a la mafia de los pagarés.