La Cámara de Senadores, presidida por Basilio Núñez, se reunirá este miércoles en sesión ordinaria. Su orden del día contempla 9 puntos y subpuntos que incluyen 11 pedidos de informes, cuatro pensiones graciables y 10 proyectos de declaración de diversa índole.

¿Proyecto de Bachi fue un show para recortar las millonarias autoasignaciones?

Entre los temas más controvertidos figura el punto N° 3: el proyecto de ley “Que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”.

¿Por qué buscan archivar la prohibición de autoaumentos a autoridades?

Esta iniciativa legislativa fue impulsada por “Bachi” ante el escándalo revelado por nuestro medio, que expuso cómo el legislador encabezaba un esquema de millonarias autoasignaciones. Estas gratificaciones elevaron sus ingresos a más de G. 63 millones mensuales, beneficiando además a otros sectores del Congreso y del Poder Ejecutivo.

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Sin embargo, los datos del ámbito legislativo apuntan a que el pleno acompañará el rechazo de la Cámara de Diputados y remitirá la propuesta al archivo, bajo la argumentación de que el planteamiento quedó extemporáneo para el ejercicio fiscal 2026.

¿En qué consiste el proyecto para frenar la creación de universidades privadas?

Otro asunto polémico en la agenda es el tratamiento del proyecto de ley que suspende de forma temporal la creación de universidades e institutos superiores privados por un lapso de dos años en todo el territorio nacional. La propuesta fue planteada por los senadores opositores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza.

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El planteamiento surge en clara alusión a la condena del exsenador Hernán Rivas (ANR, HC), quien accedió a un título de contenido falso de la Universidad Sudamericana para asumir la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

En la exposición de motivos, los proyectistas advierten sobre la grave crisis institucional desencadenada por los reiterados casos de expedición irregular y falsificación de títulos universitarios. Agregan que las investigaciones judiciales, administrativas y periodísticas pusieron al descubierto esquemas de defraudación mediante la venta de cartones académicos, la adulteración de actas de examen, el registro de documentos con firmas apócrifas y el funcionamiento de sedes clandestinas.

¿El Senado se animará a poner freno a las universidades privadas tras la condena a Hernán Rivas?

Señalan que este flagelo ha permeado diversos ámbitos del ejercicio profesional y de la función pública, permitiendo el acceso a cargos de alta responsabilidad en la administración estatal y el sistema de justicia a personas sin la formación declarada.

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“El Estado no puede ser cómplice por omisión de un esquema que atenta contra la educación pública de calidad”, afirmaron los proyectistas.