El Senado, con su aplastante mayoría cartista, dio media sanción a la ley de la Carrera Civil derogando a su vez ley N° 1626/2000 de la Función Pública. Esta última arrastra cientos de acciones de inconstitucionalidad de sindicatos y entes que no quisieron cumplirla.

El expediente fue debatido durante cinco horas y fue aprobado en general por 35 votos. Durante varias horas se aprobaron individualmente unos 100 artículos objetados por opositores, pero el trámite fue calificado de “simulacro”, ya que los cartistas y sus aliados contaban con su aplanadora. Posteriormente el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados.

Senado aprueba en general proyecto de ley de la carrera del servicio civil

Los cartistas cedieron a numerosos reclamos de los sindicatos del sector público, su principal fuerza electoral durante los comicios. Ya no se busca descabezar sindicatos o elevar de dos a cuatro los años siendo “nombrado” para acceder a la estabilidad laboral.

Incluso con esta ley, un “contratado” pasará a ser llamado “empleado público”, adquirirá la estabilidad a los 10 años en la misma categoría, emulando al derecho en el sector privado que el presidente Santiago Peña, dijo que busca eliminar.

Senado y Corte serán excluidos en nuevas leyes

Los cartistas negaron en repetidas ocasiones que esta ley excluya en su alcance al Poder Legislativo y al Poder Judicial, no obstante dejan claro que se avecinan nuevas leyes particulares para alcanzar el mismo objetivo.

Dichos objetivos son contar con normativas propias que les sigan permitiendo en la Corte, el Congreso y decenas de entes autárquicos nombrar a miles de contratados en forma discrecional, contratar familiares y abusar del rubro de los cargos de confianza, indicaron opositores. La senadora Yolanda Paredes (CN) dijo las entidades excluidas revelan que la ley solo perjudicará a los “pobres” funcionarios “sin kavajú” político.

Exigencia externa

Las senadora Esperanza Martínez (FG) sostuvo que el principal objetivo del cartismo era dar la facultad al “superministro” de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, de anular cualquier contrato colectivo que se salga del rango de gasto.

Supuestamente esta reforma en el marco legal de los funcionarios públicos es una exigencia para que los bandos internacionales sigan dando créditos al Paraguay, aumentando su deuda pública.

En horas de la mañana se movilizaron sindicatos estatales frente al Congreso y en varios puntos del país, en repudio a la ley.