La postura oficialista es postergar y luego rechazar todos los pedidos de intervención, ya que el periodo municipal 2021 -2026 culmina el año entrante con la renovación de autoridades. Esa lógica no se tuvo en cuenta con la destitución del intendente de Ciudad del Este y aspirante presidencial del 2028, Miguel Prieto (Yo Creo).

De esta manera, la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC) y con mayoría cartista, ayer resolvió por 26 votos (ver el cuadro) postergar por tres meses los pedidos de intervención contra los intendentes cartistas.

Estos son los jefes municipales de Tomás Romero Pereira (Itapúa), Hernán Ysidro Rivas, padre del senador David Rivas (ANR, HC); de Ñemby (Central), Tomás Olmedo (ANR, HC), y de Ybyrarobaná (Canindeyú), César Machuca (ANR, HC).

Estos tres jefes comunales están procesados o bajo investigación fiscal por posible desvío de fondos. Con esto, se cajonea hasta fin de año el tratamiento de dichos expedientes y se sella el “pacto de impunidad”.

También se postergaron los pedidos de intervención contra tres intendentes opositores: de Lima (San Pedro), Juan Manuel Ávalos (Alianza); de Emboscada (Cordillera), Silvio Andrés Peña (PLRA), y de Yby Yaú (Concepción) Vidal Argüello (Alianza). Estos intendentes opositores fueron denunciados por las Juntas Municipales pero no tienen investigación fiscal en curso.

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Durante el debate en la sesión de ayer, el diputado liberocartista Marcelo Salinas pidió la postergación por 90 días. En cambio, el diputado Roberto González (ANR- Añetete) solicitó que los pedidos sean tratados en ocho días para evitar ser cómplice de gestiones nefastas, pero el planteamiento no prosperó.

Varios diputados opositores insistieron en el tratamiento, teniendo en cuenta que muchas comunidades tienen pendiente el trámite. Sin embargo, el voto de los oficialistas sumado a los liberocartistas se impuso a favor de la impunidad.

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“Evidentemente, ya existe un acuerdo para salvar a sus corruptitos, pero pido encarecidamente que se reconsidere, para no quedar como cómplices”, dijo González.

El principal beneficiado es Hernán Ysidro Rivas, padre del acusado senador colorado cartista Hernán David Rivas. El intendente está investigado por supuesto desvío de G. 2.000 millones.